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domingo, octubre 25, 2020

‘En violencia de género, justicia ordinaria no es superior a indígena’

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Cuando las autoridades evalúen si un proceso por un delito grave como la violencia intrafamiliar en una comunidad indígena debe ser juzgado por la justicia ordinaria o la ancestral, no pueden basarse en prejuicios y generalizaciones, pues las dos justicias tienen falencias a la hora de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

La Corte Constitucional -con ponencia de la magistrada Diana Fajardo- hizo esta valoración al revisar una tutela del gobernador del resguardo indígena de Males, en Córdoba (Nariño), quien pedía revocar un fallo de la Sala Disciplinaria de la Judicatura que le dejó un proceso por violencia intrafamiliar a la justicia ordinaria.

Según la Sala Disciplinaria, el caso no podía pasar a la justicia indígena porque la violencia intrafamiliar es un delito de suma importancia para el derecho nacional, y porque las autoridades tradicionales no ofrecen garantías para resolver estos delitos.

(Lea también: ¿Puedo denunciar violencia intrafamiliar si ocurrió hace tiempo?)

La Corte encontró que el caso debe seguir en la justicia ordinaria, pero no por las razones de la Judicatura. En primer lugar, aseguró que no es cierto que el derecho propio de las comunidades indígenas opere solo para delitos menores, ya que eso equivaldría a decir que son incapaces de asumir procesos por delitos de alta importancia, como la violencia contra las mujeres. Esto significa, dice el fallo, que las denuncias de violencia intrafamiliar no deben ir automáticamente a la justicia ordinaria solo porque se cree que esta ofrece más garantías. 

De hecho, afirma la Corte, en la sociedad mayoritaria –que no es indígena– persisten delitos de violencia de género “que impiden que el Estado colombiano pueda situarse en una posición de superioridad moral” o presentarse como el “adalid de la justicia de género”.

(Además: Denuncia de mujer puede ser prueba aunque ella no declare en juicio)

Así, afirma, en el 2018 fueron asesinadas 1.042 mujeres, se registraron 42.753 casos de violencia de pareja contra ellas, y sufrieron 22.794 casos de violencia sexual. Y el año pasado, según Medicina Legal, fueron asesinadas 1.001; 22.523 fueron víctimas de delitos sexuales y 58.931 vivieron violencia intrafamiliar. 

La situación, afirma la Corte, es más grave al examinar la impunidad, pues según el último informe de gestión de la Fiscalía, del total de casos denunciados por delitos sexuales solo se imputa una cuarta parte, y de ella, solo uno de cada tres termina en una condena. Y en la violencia intrafamiliar, señala el alto tribunal, la tasa de condena es aún menor.

Todo esto implica que en materia de violencia de género “no es admisible que el derecho nacional se presente con una superioridad moral frente a los pueblos indígenas”, dice el fallo, ni asumir que los derechos de las mujeres y la perspectiva de género tienen mayor respaldo en la sociedad mayoritaria y no en la étnica, pues el derecho a una vida libre de violencias sigue siendo una deuda  pendiente para las mujeres, sean o no indígenas, y vivan o no en esos territorios.

No es admisible que el derecho nacional se presente con una superioridad moral frente a los pueblos indígenas

Lo que ocurre, dice la Corte, es que en estos conflictos de competencia por violencia contra la mujer, se hace más exigente establecer si la justicia indígena cumple con el requisito institucional para quedarse con el caso.

Es así cómo, al revisar esta tutela, la Corte dijo que si bien el resguardo de Males tiene una cosmovisión armónica del género, no subordina a las mujeres, y ha fortalecido la investigación, en el caso particular de la mujer que denunció a su expareja (porque la maltrató por 15 de los 25 años en los que convivieron), las autoridades tradicionales no usaron sus propios mecanismos para atender esta situación.

Aunque su mismo derecho permite retirar al agresor de la vivienda, prohibirle acercarse a la familia, llevarlo ante el cabildo, o detenerlo, nada de eso operó para la mujer agredida. Por eso le dejó el caso a los jueces ordinarios, en donde el proceso por fin está en juicio.

Violencia durante 15 años

El caso que el resguardo reclamaba es el de una mujer indígena de 48 años de los cuales, por lo menos en 15 de ellos, sufrió violencia física y emocional por parte de su expareja. Él le propinaba golpes, la encerraba en la casa solo con raciones de aguapanela, se emborrachaba y la maltrataba.

La separación se frustró porque el juez insistió en que él era “un hombre buena gente”, y aunque una vez lo detuvieron, lo dejaron salir de la estación de policía porque él prometió que no le iba a pegar más.

Pero siguió. Y en el 2016 ella volvió a denunciar ante las autoridades indígenas las agresiones que sufría por parte del hombre con el que había convivido en unión libre. Sin embargo, la única respuesta que recibió del gobernador indígena fue su acompañamiento para abandonar la casa en la que ella era maltratada, propuesta que ella rechazó por no querer dejar el patrimonio familiar por el que tanto había trabajado.

Las hijas de la mujer también declararon y señalaron que al hombre nunca le había pasado nada porque era un concejal y dueño de una ladrillera que había hecho donaciones a las autoridades del municipio, a cambio de mantener su inmunidad.

La Fiscalía y las comisarías de familia también estaban al tanto de la situación y de las denuncias de la víctima, quien con frecuencia terminaba en urgencias médicas por los golpes que él le propinaba.

En estos últimos 15 años ella ha sobrevivido en un grave contexto de violencia, esperando en vano que cualquier autoridad -sea nacional o tradicional- intervenga para proteger su vida

(Lea: En lo corrido del año, 178 mujeres han sido víctimas de feminicidio). 

En el 2018, después de golpearla nuevamente y amenazarla de muerte, el hombre fue capturado por la Fiscalía. Desde ese momento se presentó un conflicto de competencias, pues la justicia indígena reclamaba el caso como suyo, afirmando que tenía la institucionalidad necesaria para llevarlo.

Pero la Corte encontró que en el caso de esta mujer, no había explicación alguna por parte de las autoridades tradicionales «sobre su ausencia y pasividad todos estos años, pese a que era evidente el desequilibrio producido en el hogar (de la víctima) y que afectaba a la comunidad en su conjunto». Tampoco se entiende, dice el fallo, por qué el Gobernador indígena solo intervino en el 2018 cuando el victimario fue detenido, ahora sí para mostrar interés en querer quedarse con el proceso

A la víctima, dice la Corte, también le falló la justicia ordinaria pues ella presentó tres denuncias penales ante comisarías de familia de Córdoba e Ipiales y en ninguna se tomaron acciones para protegerla. Solo hasta ahora su proceso avanzó a una etapa de juicio, después de años de maltrato y tras una última golpiza que casi la lleva a la muerte. 

«En estos últimos quince años ella ha sobrevivido en un grave contexto de violencia, esperando en vano que cualquier autoridad -sea nacional o tradicional- intervenga para proteger su vida, la de sus hijas, y el patrimonio por el cual trabajó tanto tiempo», aseguró el alto tribunal. Lo cierto es que, pese a lo que ella sufrió, las dos justicias le dieron la espalda. 

Las violencias contra las mujeres indígenas

El caso que revisó la Corte es similar al que viven cada año mujeres indígenas que siguen esperando justicia. Según un informe del Instituto de Medicina Legal de septiembre de este año, en el 22 por ciento de los casos de violencia basada en género contra mujeres indígenas, las víctimas tenían entre 10 y 14 años. Pero además, en estas comunidades el 93 por ciento de casos de violencia sexual el perpetrador es un familiar o un conocido de la comunidad. 

El Instituto señala que algunas de las principales barreras que tienen ellas para acceder a la justicia son la distancia geográfica, la discriminación institucional, la escasez de leyes y políticas públicas, las dificultades económicas, el desconocimiento del sistema judicial y de sus derechos, el miedo a las reacciones familiares o de la comunidad, la insensibilidad cultural de los servidores públicos, entre otros obstáculos. 

MILENA SARRALDE DUQUE
Subeditora de Justicia
Twitter: @MSarralde



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