Dicha sentencia promueve la protección de las comunidades wayuu
Con el fin de hacerle una minuciosa revisión a los diferentes programas y estrategias establecidas para darle cumplimiento a la sentencia T302 del 2017, en la que se ordena poner en marcha estrategias para salvaguardar los derechos de los niños wayuu en todo el territorio de La Guajira.
La sesión técnica se realizará de manera virtual el viernes 4 de junio de 2021, a partir de las ocho de la mañana, y será transmitida por todos los canales y redes sociales de la Corte Constitucional de Colombia, a la cuál citaron a la Consejería para las regiones de la presidencia de la República, la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Mientras que por La Guajira hará parte el Gobernador, los representantes de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, la veeduría ciudadana a la implementación de la sentencia T-302 de 2017 y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de justicia.
Esta reunión se da luego de que la Corte Constitucional encontrara que a la fecha no existe un plan de acción ni un mecanismo de evaluación de las políticas públicas implementadas, así como tampoco existe un diálogo entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales con las autoridades del pueblo wayuu.
Además, se dio a conocer la investigación llevada a cabo por Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins titulado «Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte«, donde se mencionó que la pandemia y el aislamiento acentuaron el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
El informe que presentarán las entidades citadas estará relacionado con las acciones que debían realizar para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y se desarrollará bajo dos ejes temáticos: el mecanismo especial de seguimiento y evaluación de las políticas y el impacto de la pandemia por covid-19 en los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la participación de la niñez wayuu.
La sentencia T-302 de 2017 declaró el estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la participación en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, por lo que impartió una serie de órdenes a fin de implementar las medidas necesarias para superar la situación evidenciada.
