Es oficial: Minhacienda publicó decreto para recortar el Presupuesto Nacional 2024

Tal y como se había anunciado desde hace varias semanas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a conocer de forma oficial los detalles del recorte recorte al gasto en el Presupuesto General de la Nación para lo que resta de este año, con el fin de hacer frente a los problemas de caja que viene enfrentando y que tienen en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal.

Por medio del Decreto 0766 del 20 de junio del 2024, la cartera que dirige Ricardo Bonilla dejó finalmente en $20 billones el aplazamiento de apropiaciones del Presupuesto, los cuales tocan rubros de funcionamiento e inversión de las diferentes entidades del Gobierno Nacional, teniendo cuidado de no pasar las líneas rojas que se habían planteado.

De acuerdo con lo explicado por el Ministerio de Hacienda a la hora de presentar de esta información, con esta normativa se garantiza el cumplimiento de la Regla Fiscal, en línea con el Plan financiero actualizado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 y se ratifica el mensaje de tranquilidad y responsabilidad que se envió a los mercados la semana pasada.

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“El aplazamiento de transferencias corrientes no afecta los recursos destinados para inversión social en los territorios, principalmente SGP. Tampoco tiene efectos sobre los sectores de Educación, Salud, ni Defensa. En inversión se aplazan partidas dirigidas a programas que son viables de ejecutar en lo que resta del periodo de gobierno, de tal modo que ello no afectará el cumplimiento de las metas estratégicas del programa de gobierno”, explicaron.

A grandes rasgos, según esta cartera, este recorte de 1,2% del PIB se trata de una medida preventiva dirigida a garantizar que el gasto se ajuste a la disponibilidad real de ingresos, frente a la eventualidad de que, al final del año, el recaudo tributario resulte inferior al proyectado. Así mismo, el 67% de esta medida recae sobre gastos de funcionamiento ($13,4 billones) y el restante 33% sobre el presupuesto de inversión ($6,4 billones).

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“El aplazamiento presupuestal contempla principalmente partidas de funcionamiento y cubre algunas asignaciones de inversión aún no comprometidas. Con ello se busca minimizar su impacto sobre la ejecución de programas de gobierno estratégicos, asociados con el impulso de la actividad económica y la transformación productiva con justicia social y justicia ambiental con la cual está comprometido este gobierno”, agregaron.

Teniendo esto en cuenta, resaltaron que este aplazamiento respeta las líneas rojas trazadas por el presidente Gustavo Petro, mientras que el equipo económico continuará haciendo un riguroso seguimiento de la ejecución presupuestal para identificar el comportamiento de las cifras fiscales y con base en ello, en caso de ser necesario, adoptar los correctivos requeridos para preservar la sostenibilidad financiera estatal en un marco de responsabilidad fiscal.

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“En inversión se aplazan partidas dirigidas a programas que son viables de ejecutar en las próximas dos vigencias de tal modo que ello no afectará el cumplimiento de las metas estratégicas del programa del gobierno del cambio”, explicaron desde Minhacienda, donde también señalaron que “esta medida fue avalada por el Consejo de Ministros en pleno, y por tanto sus repercusiones sectoriales específica pueden ser mejor informadas a la opinión pública por parte de los ordenadores del gasto en cada cartera”.

Al mirar el desagregado de los recortes por entidad, sin duda alguna los mayores ajustes se dieron precisamente en la cartera de Ricardo Bonilla (Hacienda), la cual tendrá $9,9 billones menos en su presupuesto para lo que resta de este año, de los cuales $8,5 billones son de funcionamiento y $1,4 billones de inversión.

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Después de este, cumpliendo lo que se había anunciado desde el Gobierno Nacional, aparece en la escala de mayores recortes (según el monto) el Ministerio del Trabajo, al cual el tijeretazo le quitó $2,06 billones de su Presupuesto, la gran mayoría de recursos de funcionamiento que allí se encontraban proyectados.

Ahora bien, en lo que concierne únicamente al renglón de funcionamiento, después de los ministerios de Transporte y Trabajo, las entidades con las reducciones más fuertes son la Dian, a la cual le bajarán en $1,06 billones las asignaciones; la Agencia Nacional de Tierras, con $200.000 millones menos y el Ministerio de Cultura, al que sus gastos de funcionamiento se le reducirán en $86.400 millones.

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Por otra parte, en lo que respecta a inversión se debe destacar que después del Ministerio de Hacienda, el recorte más fuerte es para la Agencia Nacional de Infraestructura, cuyas asignaciones en la materia bajarán $1,16 billones, que es casi la totalidad de los dineros que le quedaban en esta materia para lo que resta del año.

Después de esta entidad aparecen en el listado Prosperidad Social ($609.000 millones), el Ministerio de Minas y Energía ($463.486 millones), la Unidad de Planeación de Infraestructura del Sector Transporte ($437.737 millones), el Ministerio de Vivienda ($398.985 millones) y el Ministerio de Defensa ($271.387 millones). No obstante, hay que decir que éste último es de los menos afectados.

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Uno de los puntos a resaltar del comunicado del Ministerio de Hacienda, que va en línea con lo recomendado por agencias de riesgo y centros de investigación económica, es aquel en el que se deja claro que el Gobierno Nacional no descarta de tajos nuevos recortes, puesto que seguirán de cerca el comportamiento de la economía para ajustar en caso de que sea necesario.

Cabe recordar que pese a que este recorte ha sido celebrado por diversos analistas, una de las advertencias que más importantes es que se podría quedar corto si se tiene en cuenta que la caída del recaudo tributario, en el peor de los casos, podría superar los $60 billones al finalizar este año y sería necesario hacer nuevos recortes.

Es por esto que desde el Minhacienda se dejó claro que seguirán de cerca la dinámica económica del país, puesto que si bien esperan que todo mejore en los próximos meses, mantendrán una vigilancia para ajustar y evitar que el país corra cualquier riesgo en el ámbito fiscal.