Tal y como se venía anunciando durante el avance de las investigaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, una vez más el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está en el ojo del huracán por los señalamientos de presunta participación en el entramado que sacude a esta entidad.
Si bien ya cuenta con el respaldo público del presidente Gustavo Petro, quien calificó todas las denuncias como una trampa en contra de su gobierno, las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, que involucran a Bonilla González actualmente están siendo vistas como una amenaza contra los proyectos que lidera.
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Benavides aseguró que el Ministro de Hacienda estuvo al tanto de todo lo que sucedía en este entramado de corrupción y que en varias ocasiones habría usado la influencia de su cargo para gestionar contratos, especialmente tres, mediante los cuales se asignaron $92.000 millones en los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar.
Estas declaraciones se dieron en medio de las audiencias en contra de la exfuncionaria del Minhacienda, por el proceso de la compra con sobrecostos de unos carrotanques para la Guajira, desde Gestión del Riesgo, que actualmente va en el presunto pago de sobornos dentro del Congreso, para sacar adelante los proyectos del Ejecutivo.
Ricardo Bonilla, ministro de hacienda y el exenlace de esta cartera con el Congreso, María Alejandra Benavides.
Archivo particular
Palo en la rueda
Aunque todavía falta tiempo para que todo el proceso se desarrolle y que la Fiscalía dé a conocer la totalidad de las pruebas e implicados en el caso; el hecho de que uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro esté bajo la mira de las autoridades y que precisamente sea el encargado de manejar las finanzas del país ha despertado temores en el contexto económico.
Esto, teniendo en cuenta que Ricardo Bonilla lidera actualmente la formulación del Presupuesto General de la Nación para 2025 y el trámite de la Ley de Financiamiento, además de los encuentros en la Comisión de Crédito Público donde se busca materializar el cupo de endeudamiento que ya se le aprobó al Gobierno.
Con el fin de entender mejor las implicaciones de este caso en el trabajo del Ministerio de Hacienda y los proyectos a su cargo, Portafolio consultó a tres expertos en economía y gobierno, quienes explicaron que este escándalo, además de impactar la credibilidad del ministro, genera incertidumbre en torno a la discusión de proyectos clave en el Congreso.
En primer lugar, señalaron que las dudas sobre la gestión del ministro podrían entorpecer los acuerdos políticos necesarios para aprobar reformas tributarias y presupuestarias, mientras que la dificultad para coordinar con el Congreso podría agravar los problemas de caja, ya afectados por restricciones en los gastos y recortes presupuestales recientes.
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En ese sentido acotaron que el impacto del escándalo trasciende las fronteras del ámbito político, agregando que la credibilidad del gobierno ante los mercados financieros podría deteriorarse, aumentando el costo de financiamiento del país y afectando el flujo de inversión, dado que la presencia de Bonilla en el cargo genera incertidumbre y pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica y la confianza inversionista.
“Los escándalos que le han aparecido al Ministro de Hacienda son graves y le merman su credibilidad y su capacidad de acción política. No creo que vaya a suceder nada, a no ser que haya una decisión judicial en firme, pero lo que es cierto es que el resto de la situación fiscal sigue muy mal de control”, dijo una de las fuentes.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD
César Melgarejo / EL TIEMPO
Otro punto de preocupación es la capacidad operativa del Ministerio de Hacienda para implementar ajustes fiscales, dado que “ las discusiones del gobierno con los mercados se verán afectadas por la presencia del ministro con lo cual afectará su gestión y es momento de que se retire del cargo por el bien de las finanzas públicas y la credibilidad de nuestra economía”.
No obstante, dejaron claro que legalmente por ahora solo se habla de señalamientos y no de un proceso formal en contra de Ricardo Bonilla, por lo que pidieron dar tiempo a que el proceso siga su curso y se tenga mayor claridad respecto a si será requerido o no y cuál será su papel en las investigaciones por el caso de Gestión del Riesgo.
Dicho esto, enfatizaron en que el desenlace será clave para definir el rumbo de las políticas económicas en un año crucial para la gestión del gobierno y que mientras no se tenga una decisión de fondo, lo mejor será esperar.
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Compromiso con las finanzas
En medio de este caso, hay que decir que el Ministro de Hacienda ya se pronunció y dejó claro que respeta el trabajo de la Fiscalía, en un momento que calificó como “un duro trance”, y advirtió que demostrará su inocencia, al tiempo que envió un mensaje de tranquilidad frente a los recursos de la Nación.
“Aunque es un duro trance personal y un difícil y complejo camino jurídico, aspiro, con instrumentos legales, a convencer a la justicia de mi país que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos”, indicó.
Así mismo, Bonilla González aseveró que “nunca he rehuido a dar explicaciones por mis actos y enfrentaré las responsabilidades que las circunstancias determinen ante la sociedad y ante mis jueces naturales con dignidad y decoro”.
Este funcionario recordó que su mayor compromiso es con la estabilidad fiscal del país y recordó que el presidente Petro cuenta “con mi compromiso al frente de las finanzas públicas y serán expuestas en ningún momento por estos avatares”.
Pesos colombianos
Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso por medio de sus redes sociales y aseguró que la labor de Bonilla ha sido clave en»momentos difíciles para las finanzas públicas, debidos al intento de ahogamiento fiscal construido por la oposición».
El Jefe de Estado resaltó que el Minhacienda es víctima de «otra trampa: la que se construye entre el concepto neoliberal del marco fiscal y la actitud extorsiva de miembros del parlamento que piden cupos indicativos a cambio de aprobar unos créditos que no van a la inversión pública ni de ricos ni de pobres, sino simplemente, para pagar las deudas de Duque, endeudándose otra vez, es decir con operaciones de ‘roll over'».
Con todo esto sobre la mesa, ahora la atención del mercado se centrará en lo que pasará con este funcionario, cabeza del manejo de las finanzas públicas, y los requerimientos que se le puedan hacer desde la Fiscalía y si su capital político será suficiente para sacar avante las iniciativas del Gobierno a su cargo.
