En la noche de este martes quedó aprobado en sesiones extras del Congreso el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, el cual implementará reformas al Código de Policía, al Código Penal y a otras normas referentes al uso de armas.
La norma, propuesta por los ministerios de Defensa y del Interior, pretende atacar los delitos más comunes en las ciudades y, también, cubrir vacío legales que se vieron durante las protestas de los últimos años.
Sin embargo, algunas medidas han levantado ampolla entre los partidos de oposición, los cuales buscarán tumbarla por cualquier medio.
Atajar al vandalismo
En el caso de quienes hacen ataques vandálicos a la infraestructura y medios de transporte masivo, como sucedió durante las protestas, la nueva ley contempla penas de 48 y 144 meses de cárcel (cuatro a doce años), además, se incluyen los ataques a instalaciones y servicios de justicia, policiales y militares.
Incluso, el grado de afectación podría dar para que la pena impuesta no sea excarcelable, sino que se cumpla en un centro penitenciario.
Si el daño es a propiedad privada con valor superior a 10 salarios mínimo, la condena será de entre 16 a 120 meses, y en valores inferiores será de uno a tres años.
Endurecer las penas
Una medida para reducir el delito del hurto tiene que ver con el endurecimiento de las penas.
El ministro del Interior, Diego Palacios, señaló que cualquier suma y celular vale, por ello, quienes roben una suma inferior a cuatro salarios mínimos mensuales, lo que el próximo año serían $4 millones, recibirán una condena de 18 a 36 meses (2 años y medio a 3 años) de prisión.
Pero si la suma robada está entre los cuatro y ocho salarios mínimos, la condena será entre 24 y 48 meses (2 a 4 años); y para montos mayores, la pena impuesta irá de cuatro a nueve años de cárcel.
En legítima defensa
La norma protege a los ciudadanos cuando agreden a un ladrón. Los ciudadanos ya no deberán demostrar ante un juez que actuaron en defensa propia, sino que serán beneficiados con la presunción de una conducta legal, y serán las autoridades las que adelanten las investigaciones para determinar si hay delito.
No solo eso: también se considerará legítima defensa los eventos que ocurran dentro del hogar o dentro de un vehículo, aunque excluye a los establecimientos de comercio público.
Instigar al delito
Aquellas personas que promuevan la comisión de un delito como robo, vandalismo o daño en bien ajeno tendrán penas de cuatro a seis años.
Cuando sean delitos mayores, como genocidio, homicidio, secuestro o tortura, la pena será de 10 a 20 años, además de una multa de 800 a 2.000 salarios mínimos.
Además, si al momento del delito la persona usa máscaras o un elemento que dificulte la identificación se aumentará la pena.
Otros cambios
Entre otras cosas, las cárceles podrán gestionar contratos con organizaciones privadas de vigilancia, pero solo podrán hacerlo los centros penitenciarios de mediana y baja seguridad.
Se podrá hacer trasladado a centros de paso temporales de personas que sean un peligro para sí o para terceros, como sucedió en las recientes manifestaciones públicas.
Por último, se permitirá que empresas privadas extranjeras y nacionales compren bienes en extinción de dominio.
Porte de armas
El uso de armas de fuego, armas traumáticas o armas blancas también entró en la reforma. Cuando sean usadas para intimidar (como en los robos) tendrá una pena de cuatro a seis años de cárcel, además el porte ilegal de estas tendrá una pena de seis a diez años.
Para evitar que una persona quede libre, se crea la figura de ‘peligro para la comunidad’, que en la norma quedó establecida así:
si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años”.
Además, se le clavarán 36 meses de cárcel (tres años) a quien porte armas blancas en transporte público o eventos masivos.
Desde luego, se contempla un plazo para legalizar las armas que no estén dentro de la base de datos que administrará el Ministerio de Defensa.
Más penas a asesinos
La pena de homicidio, que actualmente es de 40 a 50 años, pasaría a ser de 41 a 58 años y tres meses cuando las víctimas sean servidores o exservidor públicos (incluye fuera pública), periodistas, jueces de paz, defensores de Derechos Humanos o miembros de organizaciones políticas o religiosas.
Las penas en general aumentarán cuando las víctimas sean enfermos mentales, menores de edad, personal de salud o familiares hasta de tercer grado de consanguinidad.
Castigo a reincidentes
Un tema aprobado en los cuatro debates tiene que ver con aquellas acciones que no están tipificadas en el Código Penal; en estas “se ordenará a la autoridad competente la implementación de medidas pedagógicas y de diálogo y se dejará registro de estas.
Pero si esta persona insiste en el desarrollo de las conductas punibles, las nuevas acciones no se entenderán amparadas, conforme con las causales de ausencia de responsabilidad o de imputabilidad”.
En otras palabras, aquellos que reincidan recibirán penas de hasta 72 meses de cárcel.
En esta misma línea se aumentarán las multas y se unificará su recaudo en una sola institución.
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