La reforma al Sistema General de Participaciones quedó a un solo debate de convertirse en realidad, tras su aprobación en séptimo debate, y las advertencias sobre sus efectos y el riesgo que genera para la economía no cesan; mientras los expertos siguen pidiendo claridad respecto a la transferencia de responsabilidades del gobierno central a las regiones.
El análisis más reciente, publicado por el Banco de la República, sostiene que el proyecto, tal y como está actualmente, derivará en un desequilibrio fiscal que pondrá en jaque al país, aumentará los niveles de deuda y no es consecuente con la realidad de ingresos de las arcas de la Nación, por lo que derivaría en una caída del PIB a futuro.
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Dicho reporte, elaborado por Juan J. Ospina Tejeiro, Jesús Bejarano, Andrés Nicolás Herrera Rojas, Manuela Quintero Jácome, David Camilo López Valenzuela, Jorge Enrique Ramos Forero y Steven Zapata-Álvarez, advierte que, en caso de una aprobación, la regla fiscal se incumpliría y se dispararían las primas de riesgo.
Estos expertos partieron en dos las consecuencias que traerá este proyecto, comenzando por lo fiscal, donde plantea que el aumento gradual de las transferencias hasta alcanzar el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación para 2038, representaría un incremento de 7 puntos porcentuales frente al escenario sin reforma y elevaría el déficit del Gobierno Central al 4,7% del PIB en 2038, frente al 2,8% sin la reforma.
Trámite reforma al SGP en el Senado.
Cortesía.
“Desde una perspectiva contable y financiera, este Proyecto de Acto Legislativo provocaría un aumento permanente del déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) y de la deuda pública, alcanzando un nivel cercano al 65% del PIB, casi 10 puntos porcentuales por encima de la proyección en un escenario sin reforma, lo que resultaría en el incumplimiento de las metas de la regla fiscal”, manifestaron.
Debido a esto, sugiere que aumentarán los riesgos de endeudamiento y la deuda pública neta, que podría alcanzar el 64,6% del PIB para 2038, superando el nivel prudencial de 55% definido por la regla fiscal; generando con eso que se deban dar esfuerzos adicionales para mantener la estabilidad de las finanzas.
“Este proyecto no señala las competencias que se trasladarían a las regiones, ni tampoco estima su costo fiscal. No obstante, la elaboración del Proyecto de Ley que redefina las competencias se debe enfrentar al hecho de que la Nación asigna actualmente recursos para el financiamiento de la salud a través del SGP y de otras partidas del Presupuesto cuyo monto es significativo”, advirtieron.
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Desde el Gobierno Nacional se dejó claro que una vez se apruebe la reforma al Sistema General de Participaciones, se trabajará con afán en la redacción de un proyecto de ley para definir el traslado de competencias, ya que la misma norma dice que esto se debe hacer en un plazo de seis meses, una vez se sancione.
Los analistas a cargo del informe indicaron que si esto no pasa, el principal riesgo recaería sobre la regla fiscal mediante un aumento de deuda, que sería el único camino viable para responder por el aumento de gastos que recaerá sobre el gobierno central, dado que los ingresos de la nación no están en un buen momento.
Construcción de vivienda y obras civiles.
Cortesía – BBVA Research
“El aumento en el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública es aún mayor si se tiene en cuenta la incertidumbre sobre los ingresos fiscales a futuro y que la economía es vulnerable a choques adversos. La capacidad de respuesta contracíclica de la política fiscal y de la política monetaria a estos choques se vería reducida por el muy probable aumento de la deuda y la inflexibilidad del gasto que implica”, explicaron.
Riesgos macroeconómicos
El documento, que hace parte de los ‘Borradores de Economía’ que suele presentar el Emisor, también aborda los efectos del proyecto desde los impactos macroeconómicos, frente a los que manifiesta que se debe partir de que hay supuestos o proyecciones optimistas, que podrían no materializarse y aumentar los riesgos de desfinanciamiento.
“Los resultados presentados a continuación no consideran el impacto sobre el gasto del gobierno nacional debido al traslado de competencias a los municipios y regiones. En este sentido, las estimaciones están construidas bajo el supuesto de que el traslado de responsabilidades del GNC a las entidades subnacionales mantiene constante el gasto del GNC como proporción del PIB”, acotaron.
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Así mismo, resaltan que “los escenarios de proyección, tampoco contemplan medidas adicionales para aumentar los ingresos (como futuras reformas tributarias) ni para reducir otros rubros de gasto de inversión o funcionamiento distintos” a las participaciones, con lo que se perdería capacidad de reacción.
En caso dado de que el país entrase en un escenario de impagos por culpa de la reforma, el estudio cuenta que se desencadenaría altos costos de financiamiento y, vía depreciación del peso, aumentos en los precios de las importaciones para los hogares, las empresas y el gobierno, que golpearía otros renglones importantes como el consumo.
“El consumo de los hogares y la inversión se verían reducidos, lo que finalmente llevaría a una contracción del PIB de la economía. Estos efectos macroeconómicos profundizarían aún más los desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que los ingresos tributarios del Gobierno disminuirían debido a una actividad económica más débil y al aumento de los intereses de la deuda pública por la mayor prima de riesgo y la depreciación de la moneda”, sentenciaron.
Pesos colombianos.
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Así las cosas, indicadores como el peso local y la inversión, también sufrirían los estragos de la reforma y con esto de base, se plantea la necesidad de avanzar con cautela y explicar bien cómo quedará el nuevo escenario de las participaciones, entendiendo que la estabilidad fiscal, la percepción de riesgo y la lucha contra la corrupción; son factores importantes que revisan los inversionistas antes de poner su plata a circular.
“Escenarios de incumplimiento de la regla fiscal y de niveles de deuda creciente, el consiguiente aumento del riesgo país resulta en aumentos en la tasa de interés real de largo plazo de la economía, en mayor volatilidad de la tasa de cambio y de las condiciones financieras que enfrenta la economía, todo lo cual reduce la capacidad de la política monetaria de controlar la inflación, responder de forma contracíclica a los choques adversos y propender por el máximo crecimiento sostenible”, concluyeron.
