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La Procuraduría General de la Nación realizó el llamado al exgobernador por las presuntas irregularidades en la venta de 80 mil cajas de aguardiente.
Camilo Romero, quien fue precandidato presidencial de la coalición Pacto Histórico, fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la venta de 80.000 cajas de aguardiente Nariño a una empresa distribuidora de la región y por un valor de más de 18 mil millones de pesos. .
El pliego de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación en contra del exgobernador de Nariño se realizó debido a que le habrían entregado el convenio de administración a una empresa nueva y que no tenía mucho tiempo de haber sido creada, por lo que no tenía experiencia. Esta era liderada por una persona que apoyó a Romero en su campaña, algo que para la entidad es grave.
Semana tuvo acceso al pliego de cargos de la Procuraduría General de la Nación y este señalan que, “Camilo Romero con su conducta omisiva presuntamente desconoció sus deberes de vigilancia y control, como quiera que en calidad de Gobernador del Departamento de Nariño para la época de los hechos y, como director de la actividad contractual del mismo, tenía bajo su responsabilidad velar porque el proceso de adquisición de los licores, a cargo del Departamento de Nariño en ejercicio del monopolio de arbitrio (…) se realizará conforme a las normas que gobiernan la contratación pública”.
El proceso comenzó en 2017 cuando el órgano de control recibió una queja ciudadana en donde señalaba las posibles irregularidades en el proceso de compra del licor la administración del monopolio rentístico de licores en el departamento de Nariño”. Un año más tarde, en 2018, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria y solo hasta el 11 de marzo del 2022, se formularon los cargos
El Ministerio Público afirma que Camilo Romero, “actuó sin la observancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus acciones y por ende la culpa debe ser calificada provisionalmente como grave”.
Sobre lo sucedido, es importante señalar que de acuerdo con las investigaciones, entre el 24 y 26 de agosto de 2016, en ausencia del gobernador, su secretario de Hacienda, en calidad de gobernador, habría fijado los precios de ventas de Aguardiente Nariño Tradicional y Aguardiente Nariño sin Azúcar, además habría autorizado el proceso de compraventa de los licores con la Organización de Licores de Nariño.
Según el pliego de cargos, Romero habría omitido su deber de “someter al escrutinio correspondiente la actuación de los funcionarios bajo su dirección encargados del proceso de venta del Aguardiente Nariño y validar el mismo, dada la importancia y las repercusiones que una decisión sobre este particular tendría sobre las finanzas del departamento, sin dejar de lado el interés legítimo de los posibles compradores que manifestaron su intención de participar en el negocio”.
El primo del exgobernador de Nariño, Andrés Felipe Arango, se convirtió en testigo y optó por el principio de oportunidad. En su momento entregó versiones sobre las anomalías en la venta de los licores por un valor de 18.000 millones de pesos y en el cual habría favorecido al oferente.
Recordemos que Romero también afronta una investigación en al Corte Suprema desde el 2019 por su responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública. Las audiencias de juicio ante la sala de juzgamiento de primera instancia se reanudarán el próximo martes 22 de marzo.
