El extogado desde ayer visita La Guajira y fue invitado por la directora del observatorio jurídico de la universidad de La Guajira
El 1 de septiembre de 2016, cuando la Sala Plena de la Corte Constitucional escogió para el cargo del suspendido magistrado Jorge Pretelt al magistrado auxiliar de la misma corporación Aquiles Arrieta Gómez en el despacho de María Victoria Calle, este abogado egresado de la universidad de los Andes no tenía la mínima idea de que, en menos de un año, se convertiría en uno de los togados más acosados por los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Todo por haber proferidos sentencias en sonados procesos que, en este país, entrarían a dar un vuelco grande en una justicia con magistrados que no volteaban hacia los temas sociales, pero que él los encaró, no solo con sentimiento humano, sino con amplia cuota de justicia desde la juridicidad.
Este abogado que ya no hace parte de la Corte Constitucional tuvo en sus manos los procesos más sonados en la segunda década del dos mil. Por su despacho pasó el Proceso de Paz, la fumigación con glifosato, muchas sentencias de tutela que involucraban a niños y adultos mayores, pero además quedó marcado en la historia de las decisiones legales que impactaron a La Guajira en todos los tiempos, porque él fue el ponente de la sentencia de tutela T302 de 2017.
Estado de cosas inconstitucional
Se trata de una sentencia de la Corte Constitucional con la que se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao en esta península.
“Esa sentencia marcó mi vida profesional y personal, yo traía cerca de 20 años de ejercicio del Derecho y en mi formación había influido mucho la visión jurídica del magistrado Ciro Angarita, un juez que respetó mucho el derecho de los niños y el caso de la tutela que se había fallado para la comunidad wayuu, tenía ese elemento, el de los niños y por eso era especial por tratarse de una población súper protegida”, dijo el exmagistrado de la Corte, quien se convirtió en el ponente de la Sentencia T302 que tanto beneficio le ha dado a la comunidad wayuu.
Fue un magistrado que no se complicaba la vida
El exmagistrado del que llegaron a decir que se trataba de un bacán porque no era un abogado que ‘doctoreaba’ y que además no se vestía con sacos de lana de alto costo y se vestía era con franelas, suéteres y pantalones con algunos huecos, tiene el cabello largo y se amarra un pequeño moño. Buena parte de sus amigos en el edificio de la Corte eran los policías encargados de la seguridad y las señoras que repartían el tinto. Muchos se equivocan con él, estudió filosofía y tiene estudios complementarios en Teoría del Derecho Penal, Democracia y Ciudadanía.
Para Aquiles Arrieta Gómez, esa sentencia de tutela le ha dado mucho a la comunidad wayuu, porque se ha conseguido algo que sin la sentencia T 302, hubiera sido imposible lograr. “En Bogotá había la creencia que el wayuu es flojo y que primero es él y después sus hijos y que, además, la muerte de uno de sus hijos no significaba mucho para ellos, pero a partir de la sentencia se visibilizó el verdadero problema que no tenía nada que ver con la falsa idea del comportamiento wayuu que habían mostrado, eso es una ganancia y hay muchas más que surgieron a parir del fallo”, expresó el exmagistrado de la Corte Constitucional, quien estuvo en Riohacha invitado por la abogada Carmen Teresa Palmarroza, encargada del consultorio jurídico de la universidad de La Guajira.
El jurista aplaudió el hecho de que la Corte hubiera retomado el seguimiento del cumplimiento de lo que se ordenó en la sentencia al no estar conforme con lo desarrollado por el Tribunal Administrativo. “Quien hace el seguimiento es un magistrado muy comprometido y estudioso de la problemática que llega a La Guajira cada vez que es necesario y es un profesional en el que se confía mucho en el gremio”, expresó Arrieta Gómez.
