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En un reciente operativo llevado a cabo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, más de 60 ciudadanos colombianos, quienes ejercían actividades mineras ilegales en la región amazónica del país, fueron expulsados hacia el departamento de Guainía, Colombia. Este hecho resalta la continua lucha contra la minería ilegal que afecta gravemente los ecosistemas de una de las zonas más biodiversas del planeta.
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La acción militar, dirigida por el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez, se enfocó en el municipio Alto Orinoco, en el estado Amazonas, donde los individuos desalojados se dedicaban a la extracción de minerales mediante balsas mineras, dañando significativamente la capa vegetal y los lechos de las cuencas hidrográficas en áreas protegidas.
Este procedimiento es parte de una política más amplia del gobierno venezolano por salvaguardar la integridad de la Amazonía venezolana, enfrentando el desafío que representa la minería a cielo abierto. En 2023, un plan de desalojo implementado por el Ejecutivo ha resultado en la expulsión de más de 10.000 mineros ilegales, siguiendo directrices del presidente Nicolás Maduro para limpiar esta crucial región ecológica.
La acelerada expansión de la minería ilegal no solo amenaza la diversidad biológica de la Amazonía, sino que también coloca en una situación de vulnerabilidad a las personas involucradas en estas actividades. La ONG SOS Orinoco y la Defensoría del Pueblo de Colombia han expresado su preocupación por el aumento y desplazamiento de esta práctica hacia nuevas zonas, y el riesgo que esto representa para los derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias.
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