La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), presentó hace unas semanas derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación dónde se aportaron evidencias que dan cuenta de la posible responsabilidad penal de algunas de las personas involucradas en los actos vandálicos que se registraron durante el mes y medio que duró el denominado paro nacional, y que afectaron en gran medida los intereses de comerciantes y ciudadanos.
A esto se unió esta semana Fenalco Bolívar, presentado solicitud en el mismo sentido ante la Fiscalía seccional. “Si bien se reconoce en todo tiempo el derecho a la protesta pacífica, expresión constitucional legítima, no lo es menos, que las violencias y hechos abiertamente delictivos que hubo en el país y en nuestro territorio, deben ser investigados y fijadas las responsabilidades, pues el ejercicio de un derecho no puede comportar el impedir el ejercicio de los ajenos o vulnerarlos”, aseguró la agremiación.
Fenalco manifestó que confía que con los hechos notorios y las pruebas aportadas y evidencias allegadas, la Fiscalía presente ante los jueces a los responsables de estos hechos y a quienes están detrás de estos actos vandálicos.
Para tal fin la Fenalco Bolívar otorgó poder al abogado Francisco Bernate, quien actuará en nombre de los empresarios y comerciantes, que no sólo sufrieron afectaciones en sus establecimientos, sino los que tuvieron que cerrar sus puertas de manera preventiva y los que además fueron objeto de amenazas relacionadas con la situación de orden público o vieron frenados el ejercicio normal de sus actividades.
De acuerdo con un derecho de petición presentado por Bernate Ochoa ante la Fiscalía Seccional, aunado al presentado anteriormente, se busca que las evidencias de afectación al comercio sean tenidas en cuenta en la indagación que existe en curso por cuenta de los bloqueos, saqueos y vandalismo durante las largas jornadas de protesta acaecidas el presente año.
Mediante el mencionado documento Fenalco explícitamente reafirmó su interés, en participar y aportar al esclarecimiento de estos hechos y la determinación de los autores materiales, y los instigadores de estos actos.
Así mismo, busca actuar como mediador entre el ente acusador y los afectados individualmente considerados para que las investigaciones avancen, y se puedan materializar las decisiones judiciales que corresponden.
Los altos costos que pagó el país por la degradación de los hechos de protesta y en nuestra región por los sostenidos bloqueos y amenazas, generaron afectaciones cuyas consecuencias hoy permanecen; pérdidas económicas y en el empleo y por ende en el bienestar de la sociedad y que no deben volverse a repetir dado que el trámite de la protesta no debe sobrepasar los límites constitucionales, pues se desvirtúan los derechos de quienes, en forma legítima, buscan ejercer los propios.
