El complejo cocalero contaba con 6 trincheras de seguridad y emplazamientos artesanales para lanzar artefactos explosivos.
Por solicitud de un fiscal seccional de la Estructura de Apoyo (EDA), un juez penal con control de garantías de Tumaco legalizó la incautación de tanques de 1.000, 500, 100 y 65 litros de almacenamiento de sustancias químicas, marcianos, enfriadores, generadores eléctricos, prensas, cilindros de gas propano, estufas, básculas digitales, mesas de filtrado con canales, bombillos, lonas de diferentes colores.
Estos elementos y gran cantidad de insumos químicos, canecas con acetona, costales de papel absorbente, látex y binipel fueron incautados por servidores del CTI y soldados del Ejército Nacional, durante un operativo de allanamiento y destrucción de un complejo artesanal para el procesamiento, acopio y almacenamiento de cocaína, armas de fuego y explosivos.
El complejo cocalero, que constaba de cinco campamentos acondicionados como laboratorios con capacidad para la producción semanal de dos toneladas de cocaína semanales, fue hallado en la vereda La comuna, corregimiento Alto Mira, jurisdicción de Tumaco y zona de frontera con Ecuador.
Asimismo, en el área fueron encontrados zonas de seguridad como 6 trincheras y emplazamientos artesanales para lanzar cilindros y otros artefactos explosivos.
De acuerdo con la información de una fuente humana, el centro cocalero pertenecía a la disidencia residual, Oliver Sinisterra, que sacaría el alcaloide producido hacia el río Mira en lanchas hasta la zona de San Lorenzo (Ecuador).
La Fiscalía Seccional Nariño abrió una investigación penal por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
La Fiscalía habla con resultados
JGPV/FAGH/JPGG/DSN
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
