Fue capturado y judicializado uno de los señalado autores del triple homicidio, quien se habría hecho pasar como sordomudo para ganarse la confianza de las víctimas y asesinarlas.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Carlos Villa Cardona, alias Juancho o El Enano, por su posible responsabilidad en el homicidio de tres adultos mayores en la vereda La Paloma, en Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
Entre el 20 y 23 de agosto del año en curso, este hombre y otra persona que lo acompañaba habrían fingido tener limitaciones para hablar y escuchar. De esta manera, se ganaron la confianza de las víctimas, y las convencieron para que les brindaran alojamiento y alimentación.
Aprovechando la ayuda recibida, al parecer, sometieron a los adultos mayores y torturaron para presionarlos a revelar el lugar en el que supuestamente guardaban un dinero. Finalmente, los atacaron con armas blancas y les causaron la muerte.
Villa Cardona fue capturado en diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble de Pereira (Risaralda). Durante el procedimiento fueron encontradas notas en las que se hacía pasar como sordomudo y pedía ayuda para presuntamente atender a su mamá que padecía una enfermedad grave, además de las armas blancas con las que se habría cometido el hecho.
Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó los delitos de homicidio agravado y tortura. Los cargos fueron aceptados por el procesado.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/MRC/CAM/DST/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
