La Fiscalía judicializó a ocho hombres, varios de ellos de una misma familia, presuntamente integrantes del grupo delincuencial ‘Los del Puerto’, dedicado al tráfico local de estupefacientes en Puerto Carreño (Vichada).
La investigación evidenció que Ómar de Jesús Soto García sería el cabecilla de la referida organización ilegal, responsable de dinamizar el narcomenudeo en esta parte del país. Para esto se habría concertado con otras personas para distribuir los estupefacientes. Por estos hechos, la Fiscalía imputó al investigado el delito de concierto para delinquir y tráfico fabricación o porte de estupefacientes.
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Entre los procesados están: José Jeremías Soto García, Samuel De Jesús Soto García, Cristian Armando Rodríguez, Cristian Arley Cifuentes Chávez, Armado José Rivas Querales y Alberto Rafael Díaz imputados con delitos similares, según sus posibles responsabilidades individuales. A Jaime Obando Rodríguez se le endilgó adicionalmente el delito de tráfico o porte de armas de fuego y municiones.
Durante estas acciones y en desarrollo de tres diligencias de registro y allanamiento fueron incautados estupefacientes, dinero en efectivo, un arma de fuego, munición y una motocicleta.
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Por solicitud de la fiscalía los hermanos Soto García, al igual que Rodríguez, Rivas Querales y Díaz fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Ninguna de estas personas reconoció su responsabilidad en cuanto a los cargos en su contra. Cifuentes Chávez y Obando Rodríguez aceptaron los cargos en su contra. A ellos el juez les impuso detención domiciliaria.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
