Joan Sebastián Rodríguez Mendoza es señalado obtener y entregar armamento a cabecillas del grupo armado ilegal a cambio de pasta base de coca, que presuntamente comercializaba a estructuras dedicadas a la fabricación y tráfico de estupefacientes.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a Joan Sebastián Rodríguez Mendoza, un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señalado de traficar armamento y accesorios, y otras conductas delictivas en Antioquia.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que sería el responsable de obtener ametralladoras, granadas y municiones, entre otros artefactos, para Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro; y otros posibles cabecillas de la estructura 18 de las disidencias de las Farc. A cambio, el servidor presuntamente recibía pasta base de coca, que comercializaba a redes dedicadas a la fabricación y procesamiento de estupefacientes.
Rodríguez Mendoza, al parecer, también proporcionaba información privilegiada sobre la ubicación integrantes de la fuerza pública y del Clan del Golfo.
Por estos hechos, el funcionario fue capturado en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y el GAULA Militar, en el sector El Poblado, en Medellín (Antioquia). La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes; y fabricación, tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
El procesado aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/JARG/GG/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
