Acciones investigativas adelantadas por un fiscal especializado ante el Gaula Putumayo; permitieron que un juez con función de control de garantías impusiera medida restrictiva de la libertad contra Jorge Armando Lozada Rivera, quien se desempeña como patrullero de la Policía Nacional.
El material probatorio aportado por la Fiscalía evidencia que el 5 de noviembre de 2022 el procesado, al parecer le exigió a uno de los internos de la estación de policía de El Jardín en Puerto Asís (Putumayo), el pago de cinco millones de pesos para evitar su traslado a la cárcel de Pitalito (Huila).
Con tal de cumplir la exigencia económica ilícita; la víctima le habría entregado al patrullero, a través de una familiar y a manera de pago, racimos de plátano avaluados en 75.000 pesos.
Tiempo después la misma persona volvió a recibir presiones por parte del procesado, quien le habría exigido el pago de tres millones de pesos para, supuestamente, beneficiarlo con detención domiciliaria, por otro proceso penal en su contra.
Por esto la víctima habría entregado al hoy investigado un anillo de oro avaluado en 3’500.000 pesos.
La Fiscalía imputó a Lozada Rivera los delitos de extorsión agravada y concusión, ninguno de los cuales fue aceptado por el investigado.
El procesado fue capturado en el comando de la Policía en Mocoa (Putumayo), por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de Gaula Policía Nacional y Gaula Militar.
La Fiscalía habla con resultados.
LMGM/MAGA/OJPG/DSP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
