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Fiscalía judicializó a dos hombres por porte ilegal de armas en Buenaventura

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Fiscalía judicializó a dos hombres por porte ilegal de armas en Buenaventura

El juez séptimo de control de garantías de Buenaventura (Valle del Cauca) acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en contra de Johan Estiwar López Jaramillo y Rinson Jair Mina García, como presuntos responsables del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado.  

El servidor judicial ordenó la detención en centro carcelario para López Jaramillo, mientras que a Mina García le concedió el cumplimiento de la medida en el lugar de residencia.  

Johan Estiwar López Jaramillo y Rinson Jair Mina García fueron judicializados por porte ilegal de armas.

Los dos hombres fueron capturados en flagrancia el pasado 4 de junio por agentes de la Policía Nacional durante operativos de control y vigilancia, en la calle 11 carrera 43ª, barrio Oriente de ese municipio del Pacífico.  

Ese día, los imputados se movilizaban en una motocicleta y al parecer portaban un revólver calibre 38 marca Smith & Wesson con 6 cartuchos del mismo calibre. El vehículo fue incautado con fines de comiso. 

La moto en la que se movilizaban los procesados fue incautada igual que el revólver que les hallaron las autoridades.

Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad. Entretanto, el arma fue sometida a análisis balísticos para para establecer si ha sido utilizada en algún crimen en Buenaventura.  

La Fiscalía habla con resultados.  

JGPV/ DP/DLBM.  

Le puede interesar:  Cárcel para dos hombres que supuestamente escondían un revólver calibre 38 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.      

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