El procesado habría aprovechado su posición de superioridad para atacar sexualmente a las niñas que tenían entre los 7 y 9 años.
Este resultado se obtuvo a través de la nueva estrategia implementada por la Fiscalía, con la creación de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes.
En un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fue capturado y judicializado William Robert Moreno Oviedo, docente de un colegio público en Ibagué (Tolima), quien habría realizado tocamientos de tipo sexual a seis menores de edad.
Un fiscal de la nueva Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años y acto sexual violento, ambas conductas agravadas.
Los cargos no fueron aceptados y a solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
La investigación permitió establecer que los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024, cuando el hoy imputado fue docente de los grados primero y segundo de primaria respectivamente. El hombre habría aprovechado su condición de superioridad y habría agredido a las niñas en varios salones de clase en la jornada de la tarde.
El material probatorio recopilado permitió establecer que las víctimas tenían entre los 7 y 9 años. Los ataques se habrían presentado cuando las menores de edad se acercaban a solicitar la explicación o revisión de alguna tarea. Al parecer, el hombre les realizaba tocamientos por encima del uniforme en sus partes íntimas y en algunos casos las habría sentado a la fuerza en sus piernas.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
