Se le investiga por la venta de pasajes, a través de una agencia de viajes en Miranda (Cauca), donde 25 personas habrían perdido 200 millones de pesos.
Isabel Cristina Espinosa Arias fue imputada con cargos por un fiscal Itinerante de Popayán por su presunta autoría en los delitos de estafa agravada, por lo que un juez penal con control de garantías de Miranda dictó medida privativa de la libertad en lugar de residencia.
Los hechos por los que Espinosa Arias es judicializada ocurrieron entre el 14 de febrero de 2022 y el 2 de agosto de 2022, cuando presuntamente estafó a 25 habitantes de Miranda con la venta de tiquetes aéreos y planes turísticos a España, a través de una agencia de viajes.
De acuerdo con la investigación, las víctimas se acercaban a la empresa turística y realizaban la compra de un plan de viaje, organizaban el itinerario a los destinos seleccionados y la estadía en hoteles.
Sin embargo, cuando llegaban al counter del aeropuerto eran informados que no habían sido expedidos los pasajes por ninguna agencia de viajes, no contaban con las reservas de destino ni vuelos de salida ni regreso confirmados.
Según el proceso, la asegurada habría afectado el patrimonio económico de las 25 personas en 200 millones de pesos.
La orden de captura contra Isabel Cristina Espinosa Arias se hizo efectiva por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en Armenia, Quindío, ciudad donde permanecía actualmente.
Durante las audiencias concentradas, la mujer se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía.
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La Fiscalía habla con resultados
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JGP/FAGH /GAMM/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
