Una fiscal especializada Gaula de la Seccional Tolima judicializó a seis presuntos integrantes de la organización delincuencial Los Churros, señalada de ejecutar homicidios selectivos, amenazas y desplazamientos forzados en Ambalema (Tolima).
Se trata de los hermanos Alex Eduardo y Kevin Andrés Hernández Ortiz, Mayra Alejandra Zapata Quiñonez, Óscar Iván Ceballo y Nicolás Silva Cano, alias Churro; además de Diomedes de Jesús Rodríguez del Basto, quien se encuentra privado de la libertad por otro proceso.
Según la investigación, entre el 1 de mayo de 2021 y marzo pasado, la red ilegal habría amenazado de muerte a los habitantes del barrio Moya de Ambalema, por lo que varios pobladores se vieron obligados a abandonar sus casas. Los procesados también serían responsables de una tentativa de homicidio ocurrida el 17 de abril de 2023 y un homicidio ocurrido el 14 de abril del presente año.
La Policía Nacional, con apoyo del Gaula Militar, estuvieron a cargo de las capturas de los ahora procesados, durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en Funza (Cundinamarca), Ambalema e Ibagué (Tolima).
Fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, por los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado; homicidio agravado; tentativa de homicidio; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los cargos fue aceptado por los capturados.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para todos.
PAAM/LMFO/MAGA/MCAA/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.