Fredy José Rivera Cochero fue imputado con los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) judicializó a Fredy José Rivera Cochero, alias Bula, presunto cabecilla financiero de la subestructura Uldar Cardona Rueda, del Clan del Golfo, que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño.
De acuerdo con el material probatorio recolectado por la Fiscalía, alias Bula sería el responsable de consolidar el sistema de drogas ilícitas mediante la producción y tráfico de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica; así como el control territorial y desplazamiento forzado, especialmente en zona rural de los municipios de Ayapel, Puerto Libertador, San José de Uré (Córdoba), y en Nechí, El Bagre y Cáceres (Antioquia).
También se evidenciaría que, Rivera Cochero, como promotor de las actividades de minería ilegal en el Bajo Cauca, sería uno de los responsables de las afectaciones al orden público en el marco del denominado ‘Paro minero’ que se realizó durante marzo y abril de 2023
Por esos hechos, se le imputó a alias Bula el delito de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El investigado no aceptó lo cargos.
A petición de la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso a Rivera Cochero medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JMSV/MAGA/JMLM/DECOC/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
