La niña y su mamá serían víctimas de maltrato severo. El pasado 5 de abril la menor de edad desapareció de su lugar de residencia y a la fecha se desconoce su paradero.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos de prueba suficientes para presentar ante un juez de control de garantías a un hombre, de 20 años, señalado de agredir violentamente a su hijastra de dos años y a su compañera sentimental, en zona rural de Roncesvalles (Tolima).
Los hechos investigados ocurrieron entre el 21 de marzo y el 5 de abril del presente año. Al parecer, mientras la mamá de la menor de edad se ausentaba del lugar de residencia, su pareja golpeaba a la niña. En alguna ocasión la habría atacado con una manguera porque olvidaba ir al baño.
De acuerdo con lo expuesto en una denuncia interpuesta ante una comisaría de familia, la víctima presentaba contusiones en varias partes del cuerpo y el hombre las justificaba con el supuesto de que su hijastra se había caído.
La madre de la niña también sería víctima de malos tratos por pretender alejarse de su compañero sentimental, quien presuntamente le restringió el contacto con sus familiares y la obligaba permanentemente a borrar mensajes en el celular que contenían evidencias de los ataques que padecía.
Por todo lo anterior, el señalado agresor fue capturado en una acción conjunta con la Policía Nacional, en vía pública de Roncesvalles. Una fiscal de la Seccional Tolima le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada con enfoque de género.
El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
De otra parte, se realizan diferentes actos investigativos para ubicar a la menor de edad, que desapareció el pasado 5 de abril.
PAAM/MAGA/JARG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
