El presunto abusador entrenaba menores de edad en un club de Galapa (Atlántico). Las agresiones contra las ocho víctimas habrían sido cometidas durante tres años.
Las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías de Barranquilla (Atlántico), impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jairo Neira Samper quien habría agredido sexualmente a, por lo menos, ocho menores de edad.
Los hechos investigados se habrían registrado en un club deportivo de Galapa (Atlántico), entre los años 2020 y 2023.
Información en poder del ente acusador evidencia que una vez los niños eran dejados al cuidado del instructor, para realizar prácticas deportivas; este los llevaba bajo engaños a una represa cercana al club, a su casa, e incluso al camerino de una cancha donde se cree los sometía a distintos vejámenes sexuales, tras lo cual al parecer los intimidaba para que no contaran lo sucedido.
El trabajo coordinado entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional permitió capturar al procesado, a quien la Fiscalía imputó como posible responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos, cargos que no fueron aceptados.
Durante la captura le incautaron 1.600 carnés deportivos con fotografía e información de menores de edad, 30 tarjetas de identidad, dos celulares, un portátil, una memoria USB y cuatro discos duros.
La Fiscalía investiga si existen otras posibles víctimas del hoy procesado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
SKCR/MAGA/LG/ECHP/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
