Por solicitud de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), fueron aseguradas tres personas, por hechos que afectan la seguridad ciudadana, en diferentes casos registrados en Cartagena (Bolívar).
El primer caso ocurrió el pasado 2 de marzo, en el Centro Histórico, donde dos hombres habrían intentado hurtar las pertenencias de cuatro personas que transitaban por el lugar, entre ellos un norteamericano y un puertorriqueño.
Al percatarse de la presencia de la Policía Nacional, los hombres huyeron en una motocicleta y realizaron disparos en contra de las autoridades. En el enfrentamiento murió Jhonaiker José Angulo Marín, de 21 años y fue capturado Derwin Javier Rodríguez Blanco, a quien le encontraron un arma, sin el permiso respectivo salvoconducto.
Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó a Rodríguez Blanco los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego en concurso con violencia contra servidor público agravada y hurto calificado agravado en grado de tentativa. El hombre fue enviado a la cárcel.
Asimismo, el 4 de marzo en el barrio El Prado, en medio de una requisa, uniformados de la Policía Nacional capturaron a Wilfran David Mendoza García y a Cristian David Romero Herrera, quienes portaban un revólver calibre 38 y dos cartuchos.
En el desarrollo de las audiencias preliminares, los procesados no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas o municiones.
Por su parte el juez de control de garantías privó de la libertad en centro carcelario a Mendoza García, mientras que a Romero Herrera en lugar de domicilio.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/MG/ICHS/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
