Visite la fuente original de la Noticia
La Fiscalía Seccional Casanare, en coordinación con la Policía Nacional, logró procesar exitosamente a seis hombres que serían presuntos responsables del delito de violencia intrafamiliar.
Uno de los casos ocurrió en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), donde el 26 de agosto fueron capturados los hermanos Edwar y Santiago Cocoma Tumay, quienes viven en la calle.
Servidores del CTI en coordinación con uniformados de la Policía Nacional ejecutaron una orden de captura en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, luego de que, al parecer, el 16 de noviembre de 2021 agrediera física y psicológicamente a su madre. La denuncia se conoció gracias a la comisaría de familia de la comuna de Pore.
Un fiscal los presentó ante un juez de circuito de Paz de Ariporo, quien aprobó la prueba física presentada y, por tanto, aceptó el pedido de la fiscalía de legalizar su captura y ordenar el resguardo de los imputados en un centro penitenciario, que no aceptaron la cargos
Otra captura se registró en la colonia Castillo del Llano en la vereda El Taladro, Yopal, donde Pablo Gómez Ayala fue aprehendido por efectivos de la Policía Nacional por una orden judicial en su contra. De la investigación realizada por la fiscalía surge que el 17 de agosto el hombre habría llegado a la finca donde vive su madre y sin mediar palabra comenzó a golpearla con un fierro para marcar ganado.
La víctima afirma que en varias ocasiones la amenazó de muerte con armas cortopunzantes y un hacha. En una ocasión, supuestamente la agredió, rompiéndole el brazo. La persona capturada tiene más de 20 antecedentes penales por delitos como violencia intrafamiliar, abuso de confianza, coacción, daño a la propiedad ajena, robo, violación de habitación ajena, tráfico con fines de fabricación o tenencia de estupefacientes, entre 2008 y 2022 .
El 24 de agosto, un juez de Yopal aceptó todas las pretensiones de la fiscalía de legalizar su captura y ordenar una pena de prisión en su contra. Pablo Gómez Ayala ha sido imputado por delitos de violencia doméstica, cargos que no ha aceptado.
Por otra parte, el 27 de agosto Adolfo Errenuma Guacarapare fue capturado en flagrancia, luego de ser detenido por la comunidad que le impidió seguir abusando físicamente de su ex pareja, una mujer de 21 años, quien fue abordada por la persona capturado al salir de su trabajo.
El 29 de agosto, un fiscal lo llevó ante un juez en funciones de control de salvaguardias quien, a pedido del ente acusador, lo envió a prisión. Fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, pero no aceptó el cargo. Errenuma Guacarapare tenía una orden de alejamiento para la víctima por ser reincidente de maltrato.
Asimismo, Óscar David Romero fue capturado en flagrancia el 13 de agosto anterior en la zona rural de Tauramena (Casanare), tras entrar violentamente en el domicilio de su expareja, a quien presuntamente agredió física y psicológicamente. El 16 de agosto, un fiscal de la seccional Casanare lo imputó por el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no aceptó. El juez acogió el pedido de la entidad acusadora y ordenó una medida de prisión en su contra.
Un caso más se registró el 15 de agosto pasado en el barrio Villa Lucía de Yopal, cuando hombres de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a Mardonys Andrés Martínez Bohórquez, quien fue denunciado por su hermana porque, presuntamente, la habría atacado en el baño de su casa. Un juez decidió en los últimos días acoger el pedido de la fiscalía de legalizar su captura y enviarlo a prisión. No aceptó la acusación imputada.
Esta información se publica por razones de interés general.
La fiscalía habla con resultados.
LAZL/CFG/FISCAL/DSC/JAAB
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
[snax_content]
