Fueron afectados nueve inmuebles, establecimientos de comercio y vehículos avaluados en 1.029 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre bienes que habrían sido adquiridos con dineros ilícitos obtenidos por Óscar Adriano Quintero Rengifo, conocido como el ‘Príncipe de los Sumergibles’, capturado con fines de extradición el 29 de enero del año en curso en Calima del Darién (Valle del Cauca).
Las propiedades, avaluadas en $1.029 millones, figuraban a nombre de familiares y conocidos del señalado narcotraficante, quien es requerido por una Corte del Distrito Medio de la Florida por cargos relacionados con tráfico trasnacional de estupefacientes.
El material de prueba recaudado evidenció que Quintero Rengifo haría parte de una red criminal que movió grandes cantidades de clorhidrato de cocaína desde 2014. Los cargamentos, al parecer, salían de las costas del Pacífico colombiano en semisumergibles y lanchas rápidas hacia Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica y México.
Las diligencias de ocupación de los bienes se cumplieron en Cali (Valle del Cauca), en un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
Fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y toma de posesión 2 inmuebles, 4 vehículos, 1 sociedad y 1 establecimiento de comercio. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/LPDS/MRC/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
