Ituango (Colombia), 1 sep (EFE).- En Ituango la paz se viste de utopía. La violencia se enquistó hace más de cuatro décadas en las bellísimas montañas de este pueblo rural del departamento colombiano de Antioquia, donde la firma del acuerdo con las FARC nunca dio fruto y la construcción de una gigantesca hidroeléctrica no apacigua la desesperanza.
María Victoria Zapata, que lleva 20 años como rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina de Ituango, advierte a Efe: «Por acá no ha empezado a transitar el posconflicto», y lamenta que allí continúen «en guerra».
Para ella, los homicidios siguen «campantes» en esa región donde actualmente 160 niños están sin acceso a la educación porque los docentes no pueden llegar. «Algunos fueron amenazados», cuenta.
A Zapata, que le ha visto varias veces la cara al conflicto, la atormenta que los grupos armados se hayan «nutrido con nuestros estudiantes» por la ausencia de una universidad: «La guerra ha sido una opción muy clara» para ellos.
Lidió en las aulas con actores armados, de una manera «muy dolorosa» y «fuerte» con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando en 2005 quemaron el manual de convivencia del colegio y la obligaron a leer las «nuevas reglas», que no eran otras que su doctrina.
«Lloraba yo y los chicos porque era aterrador. Fue una humillación», dice a Efe Zapata, quien recuerda la vez que en unos exámenes los estudiantes estaban tirados en el piso bocabajo porque «las balas atravesaban».
CORREDOR ESTRATÉGICO
A Ituango su ubicación geográfica lo condenó pues los grupos armados ilegales que se disputan el control de un corredor en el Nudo del Paramillo, puerta de entrada al sur del departamento de Córdoba y a las regiones del Bajo Cauca y Urabá, lo utilizan para actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.
El propio alcalde, Mauricio Mira, lo reconoce como «uno de los municipios más violentos de Colombia».
«Todos los días nos desplazan campesinos, todos los días matan jóvenes y líderes sociales en el municipio, pero no pasa nada», le dijo Mira al presidente colombiano, Gustavo Petro, durante un acto organizado en Ituango por la Comisión de Paz del Senado, que se ha propuesto visitar los 60 municipios más golpeados por el conflicto colombiano.
Uno de los recuerdos más dolorosos de esta población es la masacre de El Aro, perpetrada por paramilitares entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en ese caserío, donde asesinaron a 17 campesinos.
LABORATORIO DE PAZ FALLIDO
Tras la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, Ituango se perfiló como una región fundamental para poner en marcha la reconciliación y se convirtió en un territorio priorizado en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
El desmonte en el casco urbano del pueblo de unas trincheras, que en el pasado le valieron el nombre de «Ituangistán», indignante para la mayoría de sus pobladores, se convirtió en 2016 en un símbolo del cese de enfrentamientos entre los Frentes 18 y 36 de las FARC con el Ejército.
Pero la ilusión de convertir a Ituango en un «laboratorio de paz» se diluyó muy pronto. La presencia de nuevos grupos armados ilegales trajo otra vez oscuridad y obligó a trasladar a más de 90 firmantes de paz del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Normalización (ETCR) de la vereda (aldea) de Santa Lucía al vecino municipio de Mutatá por cuestiones de seguridad.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, aseguró que Ituango es «el segundo municipio con más firmantes de paz asesinados desde el 2016».
Pero no son los únicos que corren peligro. La líder Teresita Jaramillo alertó sobre la situación de «dignidad y derechos humanos» de los indígenas de la región, especialmente los embera eyábida del Resguardo Jaidukamá, quienes «se están viniendo para la zona urbana» y ya es habitual verlos departiendo con los pobladores, destacándose por sus artesanías y coloridos trajes.
Otro revés de la paz vino en 2021 con el desplazamiento forzado de más de 4.000 personas por enfrentamientos entre disidencias de las FARC y la banda criminal del Clan del Golfo por el control territorial.
El padre Dairo Guzmán Montoya, párroco de la iglesia de Santa Bárbara de Ituango, estuvo acompañando a los campesinos que dejaron sus casas y sufrieron el «hacinamiento» en la zona urbana.
«Fue muy difícil, pero la gente es fuerte a pesar de la violencia», comenta a Efe el sacerdote, y cuenta que de los funerales que celebra en el día a día, «varios son (de) jóvenes».
Para mejorar la situación, el párroco pide el mantenimiento de las vías, un proyecto común productivo y volver a la vocación agrícola para «ir desplazando lo ilícito».
«NOS MATARON EL RÍO»
Otro dolor de cabeza es la central hidroeléctrica Hidroituango, una enorme obra que este año empezará a funcionar para cubrir cerca del 20 % de la demanda eléctrica del país después de haber entrado en emergencia en 2018 por problemas técnicos.
El activista medioambiental Genaro Graciano, integrante del movimiento Ríos Vivos, que se opone al proyecto energético, alega que la represa «debe ser desmantelada» para «garantizar» la vida de las comunidades aguas abajo.
La emergencia en la planta comenzó con un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo mayor cauce del país, que quedaron represadas por el embalse en construcción.
«Nos mataron el río. Se perdieron muchos peces y la forma de subsistencia de las comunidades que vivían de la pesca y el barequeo (técnica artesanal de extracción del oro)», asegura a Efe Graciano, quien agrega que esta obra no fue consultada con las comunidades y que «aprovecharon» el conflicto armado en la zona para traerla a Ituango.
«Nos vendieron el famoso desarrollo que hasta ahora no lo hemos visto. No tenemos ni vías para sacar nuestros productos», reclama Graciano.
Jeimmy Paola Sierra
