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El futuro del sistema de transporte público en Villavicencio provocó de nuevo disputa entre la administración Municipal y la empresa Unirutas, luego de que el alcalde, Felipe Harman, anunciara la firma de un decreto con el que busca acabar este consorcio.
Por Natalia Chipatecua
Después de la protesta que enfrentó la administración de Harman por parte de los conductores de transporte público ante la poca rentabilidad de las rutas, ahora la Unión Temporal Unirutas, quien opera este transporte, antepuso razones jurídicas a la intención del alcalde de querer acabar con la empresa.
El 23 de junio, el alcalde Felipe Harman, anunció haber firmado un decreto para desarticular este consorcio y reorganizar el transporte en la capital del Meta. «Hoy firmé un decreto para acabar con Unirutas. No podemos estar condenados a que se ‘cartelice’ el transporte público», había dicho Harman.
Lo anterior, daría cuenta de la creación de una mesa consultiva de transporte que se encargue de definir un nuevo operador del servicio de este transporte colectivo.
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Sin embargo, la decisión no cayó bien a los empresarios que conforman el consorcio, y aluden que el mandatario «debería enfocarse en el servicio más no en el negocio».
Luis Fuentes, gerente de Unirutas, dijo a Periódico del Meta que, a parte de que el alcalde busca acabar con la empresa, tampoco ha facilitado canales de comunicación y hay trámites sin respuesta.
«Unirutas se conformó legalmente con 7 empresas habilitadas. Hemos luchado para organizar el transporte en Villavicencio desde hace 15 años con propietarios y conductores. Le hicimos unos siete oficios al alcalde para dialogar pero nunca nos recibió. Congeló el operador tecnológico y hay mesas de trabajo que hace la alcaldía pero nunca saca los actos administrativos» dijo el gerente.
Aunque Harman había calificado de monopolio a Unirutas, ellos fueron enfáticos en afirmar que: «No puede haber monopolio, somos 7 empresas legalmente constituidas con capitales e ideas diferentes; empresas en la moralidad S.A.S. e incluso cooperativas con economía solidaria», aclaró Juan Miguel Barrera, gerente de Llanolimitado.
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En este sentido, esta unión temporal advirtió que interpondrá un recurso de nulidad ante la justicia administrativa, es decir, declarar la invalidez del decreto 222 que busca sacarlos como operadores de transporte público, por la violación al debido proceso.
Así lo dio a conocer Henry Rubio, asesor jurídico de Unirutas, cuando en la mañana de este martes 28 de junio, manifestó que se debe respetar la ley para la creación, habilitación y operación de este tipo de empresas.
«Debe existir por disposición legal el presupuesto de rutas nuevas, que se determinan a través de unos estudios de flota y demanda y que la misma ley prevee quién lo puede hacer y cómo. Actualmente no existe ese presupuesto de rutas para poder crear nuevas empresas y aún así, el alcalde quiere crear empresas ilegales».
Según Rubio, el mandatario deberá presentar estudios de oferta y demanda que determinen la necesidad de las rutas para que, posteriormente, a través de un proceso licitatorio, se ordene la habilitación de las empresas.
«Solo si las personas que se presenten a esa licitación y que en el proceso se les adjudique rutas, la ley les otorgará un plazo de 6 meses para que cumpla con los requisitos de habilitación como empresa y a a partir de ello entren a operar» y añade que: «es imposible que entren a operar, ya que la licencia debe estar mediada con un contrato de concesión que se deriva y anuncia en el mismo proceso licitatorio», explicó el abogado de la Universidad de los Andes.
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Al ser consultado, el alcalde Juan Felipe Harman, aclaró que se quiere generar garantías al conductor, al dueño del bus, y reorganizar el esquema de transporte público.
A contrariedad de los empresarios, Harman afirma que Unirutas lo creó un decreto municipal y reitera que «a lo largo del tiempo, el municipio les entregó un monopolio que se condenó a hacerle caso a un par de empresarios».
De acuerdo con el alcalde, se requiere que haya un sana competencia entre las empresas, y que la ciudad «depende de estos seis meses en donde se abrirán canales de dialogo para concentrar las necesidades de las empresas, conductores y propietarios».
«Hemos avalado empresas con toda la responsabilidad del caso, una cosa distinta significa la asignación de rutas; en la manera en que van a operar ninguna empresa es dueña de las rutas, las asigna la administración municipal y las acaba de revocar mediante acto administrativo. La relación de estas empresas cambiaron y nos vamos a sentar a trabajar con el que quiera trabajar», precisó el mandatario.
