La Superintendencia Nacional de Salud respondió un concepto solicitado por la Gobernación de Córdoba y le respondió señalando que no está en la obligación de cancelar los servicios que presta Funtierra IPS S.A.S.
Con la posibilidad de caerse la Ley de Reestructuración de Pasivos del Departamento por el no pago de cerca de 4 mil millones de pesos a la señalada IPS, la administración departamental pidió asesoría y concepto del Gobierno Petro a través de la Supersalud.
En el documento de la Superintendencia precisa que, “Funtierra IPS S.A.S presta servicios que, según la Corte Constitucional, NO constituyen prestaciones de salud que deban ser asumidos por el ente territorial”.
Agrega que, con base en ello, “revoca los fallos en los que se había concedido el amparo constitucional fundamentado en que la provisión de las tecnologías en salud debe estar mediada por la evaluación que se hace de las mismas en escenarios abiertos y públicos, delibrados con criterios técnicos y científicos”.
Recuerda que, las facturas de prestación d servicios NO POS, objeto del cobro por parte de Funtierra IPS, que han sido auditadas por la Universidad de Cartagena, arroja una objeción del 100% y un valor a pagar de cero pesos.
Esa decisión no fue aceptada por Funtierra, pero la Gobernación de Córdoba, asegura que, así las cosas, está imposibilitada técnica, jurídica y éticamente para pagar.
Con este panorama, y sumado a la posición de la Contraloría General de la República que también advirtió del riesgo de un detrimento de pagarle lo solicitado por Funtierra, la Gobernación no pagará el servicio de neurorrehabilitación que dijo haber prestado la IPS en gobiernos anteriores.
