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En el transcurso de 2024, Colombia ha registrado 90 casos de feminicidio, subrayando una alarmante realidad de violencia de género. Los eventos más recientes ocurrieron en Bogotá con un día de diferencia, resultando en la trágica muerte de Stefanny Barranco, de 32 años, y Natalia Vásquez Amaya, de 31 años, a manos de sus exparejas sentimentales. Estos incidentes fueron clasificados por las autoridades como presuntos feminicidios.
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Frente a este panorama, el Congreso de la República y el Gobierno nacional han adoptado una postura más estricta mediante la promulgación de una nueva ley. La Ley 2356 de 2024 busca eliminar cualquier tipo de beneficio para individuos condenados o detenidos por feminicidio, asegurando así que cumplan plenamente con las medidas de aseguramiento y sentencias dictadas por los jueces.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que, aunque los beneficios ya estaban restringidos, la nueva ley los elimina por completo. En declaraciones desde la cárcel de Ibagué, Osuna precisó que las personas condenadas por feminicidio ya no tendrán acceso a:
– Salidas temporales de 72 horas después de cumplir dos tercios de la pena.
– Prisión domiciliaria tras cumplir la mitad de la pena.
Además, la ley estipula que los condenados no podrán beneficiarse de la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni sustituir la prisión en un centro carcelario por arresto domiciliario, independientemente de su estatus procesal.
En términos de beneficios judiciales o administrativos, las únicas excepciones aplican para aquellas personas que colaboren de manera efectiva con la justicia y que hayan cometido un delito doloso dentro de los últimos cinco años. Esta medida pretende garantizar que las penas se cumplan en su totalidad y reducir la recurrencia de estos delitos.
El endurecimiento legislativo no se limita a la eliminación de beneficios. El ministro Osuna adelantó que se está gestionando una reforma en el Congreso para mejorar la investigación y sanción de casos de feminicidio. Esta reforma incluirá la creación de una especialidad dentro de la administración de justicia enfocada en violencia de género.
Entre las propuestas más destacadas está la creación de la «jurisdicción de mujeres», una iniciativa respaldada por la bancada de mujeres en el Congreso y apoyada por el Gobierno. Esta reforma constitucional apunta a establecer un sector específico en la Fiscalía General de la Nación y el poder judicial dedicado exclusivamente a la investigación y sanción de casos de feminicidio.
La necesidad de esta reforma se subraya con la situación en Bogotá, donde aproximadamente 900 mujeres podrían estar en riesgo de feminicidio, según el Observatorio de Equidad y Género de la Secretaría de la Mujer. La extensión de la violencia contra la mujer se observa no solo en contextos familiares, sino también en ámbitos laborales y otros entornos externos.
La procuradora Margarita Cabello hizo un llamado a la acción urgente para proteger la vida y dignidad de las mujeres en Colombia, señalando que la agresión va más allá del entorno familiar y se manifiesta en múltiples ámbitos de la vida cotidiana.
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