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Los ministros de Interior, Defensa, Justicia y Salud han firmado el decreto 2174 de 2023 conforme a la ley 2224 de 2022, para un uso responsable de la pólvora en Colombia. De esta reglamentación se derivan elementos centrales como; la prohibición de la pólvora blanca y la potestad a mandatarios locales para otorgar los permisos referentes al uso especial de la pólvora en actos públicos.
«La vida brilla más sin pólvora»
En una maniobra preventiva para garantizar el bienestar ciudadano, el Gobierno de Colombia ha introducido un conjunto de regulaciones destinadas a transformar la relación de la sociedad con los materiales pirotécnicos.
A la vanguardia de este movimiento regulador se posiciona Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, quien ha sido clave en el desarrollo y promulgación del decreto.
Apoyando esta iniciativa, los ministros de Justicia, Néstor Osuna; de Salud, Guillermo Jaramillo; y de Defensa, Iván Velázquez, han firmado este documento que busca restringir el uso de pólvora durante esta temporada.
Elementos destacados de la nueva reglamentación son:
- Prohibición absoluta de pólvora blanca.
- Requisito de permisos otorgados por alcaldías para actos públicos con pólvora.
- Modificación de normativas anteriores, incluyendo cambios en los Decretos 1066 y 1070 de 2015.
Este enfoque renovado pone especial énfasis en los derechos fundamentales de los colombianos, preservando su vida, integridad física y salud.
Además, está alineado con la Convención sobre los Derechos del Niño, poniendo en primer lugar el interés de los menores en todas las medidas relacionadas con el uso de material pirotécnico.
Las restricciones y requisitos establecidos por el nuevo decreto incluyen:
- Prohibición de venta y manipulación de pólvora a menores de edad y a personas bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas.
- Permisos especiales de Alcaldías Municipales para eventos con pólvora categoría tres.
Para asegurar el cumplimiento de la reglamentación, se han fijado sanciones económicas que pueden alcanzar los $230 millones.
Se espera que estas medidas disuasivas, acompañadas de la creación de la Mesa Técnica para la prevención de riesgos asociados a la actividad pirotécnica, proporcionen un marco eficaz para minimizar los riesgos inherentes al uso de fuegos artificiales y otros artículos similares.