La discusión del sistema de salud colombiano se trasladó a una mesas técnicas convocadas por la Comisión Séptima de la Cámara y por el Gobierno, en ellas la participación de los actores del sector se ha vuelto esencial para discutir el futuro del sistema y del desfinanciamiento que atraviesa el mismo.
Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que reúne a las EPS del contributivo, habló sobre las inquietudes que hay sobre la nueva reforma radicada, la transformación de estas entidades y además, de las razones por las que el gasto en salud está aumentando.
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¿Cómo ven el proceso de las mesas técnicas?
Por primera vez se hace con una participación plural de actores del sector, convocada por la Comisión Séptima de la Cámara, también por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Hemos reconocido que ese es un espacio que se necesitaba y habíamos pedido.
En la revisión del articulado hemos dicho tres cosas, primero, la actual reforma no es muy distinta a la que no fue aprobada en el Congreso durante la legislatura pasada. Mantiene la esencia de una forma más sintética y corta. Implica un cambio en el modelo de salud material que tiene desde luego implicaciones sobre los usuarios y en la forma en que los pacientes hacen uso de los servicios de salud. Además, cuenta con implicaciones en la gestión de los recursos. No se trata de algo positivo o negativo, sino que el fondo de la propuesta está cambiando el modelo radicalmente.
Reconocemos la importancia de la mesa, tenemos intención de que sea un espacio de construcción y búsqueda de consenso. Aportaremos elementos para que la Comisión construya su ponencia y la decisión sobre la reforma está en el Congreso.
¿Sobre qué puntos tienen dudas?
No es una reforma cosmética, es un cambio sustancial al sistema. Hemos insistido en que es muy importante que los roles y responsabilidades en el sistema queden muy claros. Por ejemplo, qué sucede con las EPS transformadas en gestoras, pues se conservan algunas de las funciones que tienen hoy en el aseguramiento, pero abandonan otras o pasan a compartirlas con diversos agentes. En esa cooperación, se diluye la responsabilidad.
La gestión del riesgo en salud, es decir, la labor de agencia que hacemos para nuestros usuarios tiene que permanecer en cabeza de la gestora y esto es muy importante para los pacientes porque ellos quieren saber quién los representa, o saber quién es el encargado de tener una red organizada. Insistimos en que debe preservarse en las discusiones sobre el articulado.
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Ustedes se reunieron en abril con el Ministerio, ¿qué pasó ahí?
Eso ocurrió antes de que se hundiera la reforma anterior. En esa oportunidad miramos unos artículos para la transformación de las de las EPS en gestoras, algunos de esos acuerdos están en este nuevo proyecto de ley y otros no. Hemos dicho en la instalación de las mesas lo que está reconocido, por ejemplo, que debemos participar en la conformación de la red y eso sería en conjunto con la entidad territorial y la gestora.
Sin embargo, hay otras cosas como la labor de contratación que nos preocupa porque la vemos difusa. También la labor de referencia y la contrartreferencia de los usuarios, no está clara. Acá no hay ningún acuerdo nuevo y la mesa está apenas andando.
¿Les preocupa la gestión financiera contenida en la reforma?
Hay mucha preocupación sobre esta parte del proyecto, ya que no plantea un responsable de la gestión financiera del sistema y parte de lo que hacemos hoy es asegurar que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que ese recurso que se entrega por cada ciudadano se administra de manera eficiente y que alcance.
Cuando no le alcanza el recurso a las EPS, exponen sus patrimonios y terminan en la situación financiera en la que están, pero no hay un responsable financiero del sistema y eso es algo que tendrá que discutirse y mejorarse.
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¿Ustedes alcanzaron a construir un articulado en las reuniones con el Gobierno?
Nos reunimos Gobierno y EPS para mirar cuál podía ser la transformación y eso fue lo que quedó de ese encuentro. Si lo vuelvo artículos serían nueve sobre cuales está la intención de las EPS en volverse en gestoras y porque ellas no quieren seguir administrando el riesgo financiero del sistema.
Lo que se busca es preservar la gestión de riesgo en salud sobre la población y eso tiene unas funciones y donde hay unas que están bien y otras sobre las cuales vamos a seguir insistiendo en que aún no están claras. Pero que vayamos a sacar o que hubiéramos pensado en sacar una reforma consensuada, no.
Hay muchas cosas que se hablaron en esa mesa que no están en el texto y hay otras cosas en donde el Gobierno se comprometió. Por ejemplo, adelantar una mesa sobre los temas coyunturales de financiamiento del sistema. Esto nunca sucedió.
Pedimos en esa oportunidad que se avanzara en un ejercicio de revisión profunda de la UPC, del financiamiento del sistema y eso tampoco ha pasado. Hoy el sector está súper desfinanciado y rendimos lealtad en lo que en lo que dijimos y acordamos con el Gobierno. Pero seguiremos insistiendo en los temas en los que hay inquietudes.
El gasto en salud está creciendo, ¿cómo ve la dinámica?
Evidentemente el deterioro que está viviendo el sistema en las empresas intervenidas y en las no intervenidas, la cartera con los hospitales o con los proveedores, hace que los colombianos estemos experimentando más dificultad, en atención de citas y particularmente en entrega de medicamentos. También, existe mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con el sistema.
Estamos viendo dos cosas, la primera es el aumento en compra de planes voluntarios de salud en cualquiera de sus categorías, estamos hablando de planes complementarios, que son los que ofrecen las mismas EPS, pólizas en salud o medicinas prepagadas. Debido a este crecimiento, esperamos que el año 2024 el mercado de planes voluntarios de salud cierre aproximadamente en $12 billones. Esto es producto de que las personas que tienen un poco más de capacidad adquisitiva deciden comprar una póliza o irse a una prepagada para asegurarse.
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La otra es el gasto de bolsillo, en lo que refiere a esa compra que personalmente se hace en farmacia por el medicamento que no entregan. Según datos de Raddar, se dice que los hogares están gastando más en salud y eso es tanto lo que tiene que ver con planes privados, como la compra de medicamentos.
¿La reforma tiene esto en cuenta?
Esta es una reforma garantista que parecería que quiere eliminar todas las barreras dentro del sistema de salud. Lo que yo sí creo es que lo que produce ese aumento de gasto de bolsillo es la incertidumbre generada por esta discusión y el hecho mismo de que la población está sintiendo que no puede acceder con facilidad, y el que puede paga.
¿Qué repercusiones hay sobre la falta de pago de los presupuestos máximos?
Eso es gravísimo y tiene unas implicaciones desde el punto de vista legal de cumplimiento que llaman la atención, porque la Corte Constitucional ha dicho meses atrás, que el Gobierno ha calculado y pagado mal los presupuestos máximos.
Los ajustes de los años anteriores los está pagando con un rezago costosísimo para el sistema y el pago del corriente tampoco se está dando como es. Los ajustes del año 2022 son $820.000 millones, donde esta es la hora en que no los han pagado. ¿Cuánto vale apalancar financieramente durante dos años? Casi un billón de pesos. Lo que tiene un costo financiero asociado que se ha deteriorado y se deteriora más el estado financiero de las EPS.
En el corriente no nos pagaron julio, agosto, septiembre y ahora en octubre, no hay esperanza. El Gobierno subestimó esos recursos al principio del año y uno pensaría que esos presupuestos no están garantizando su cierre en el año.
Y el problema es que eso tiene una implicación directa sobre los usuarios porque esos presupuestos son esencialmente para pagar tecnologías en salud. Hay un problema de financiamiento en UPC y si a esto se suman unos de caja, genera que las EPS no puedan cumplir con sus acuerdos con la industria farmacéutica, con los gestores o proveedores, etc. Incluso los gestores no están entregando medicamentos, lo que tiene una implicación directa en los medicamentos de alto costo, esencialmente.