Con un balance positivo y cifras récord, la Seccional Valle del Cauca de la Fiscalía General de la Nación cerró el 2022. Estas acciones fueron posibles gracias al trabajo liderado por la directora Diana Hernández Sánchez; y a la coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación, la Policía Nacional y las fuerzas armadas.
Las investigaciones relacionadas con feminicidios fueron resueltas en su totalidad (100%); los avances en casos de violencia intrafamiliar llegaron al 60,39 por ciento; los homicidios de mujeres superaron el 53,95 por ciento; y en el caso de delitos sexuales se llegó al 48,22 por ciento.
Es importante destacar el trabajo realizado por la Fiscalía en casos de homicidios. “En 2020 teníamos un resultado positivo del 15,44 por ciento; mientras que este año ese valor alcanza 32,73 por ciento”, resaltó la directora seccional.
Un reflejo de estas cifras se ve en municipios como Buga donde el trabajo investigativo pasó de un 29,11% en 2021; a un 46,03% en 2022. En Tuluá el avance en cuanto a los resultados por investigaciones en homicidios alcanzó un 30,61%. En Buenaventura este año se avanzó en un 42,45%, duplicando el 20,83% que se registró en 2021.
La implementación de distintas estrategias permitió alcanzar buenas cifras en cuanto a hurto por medios informáticos. En este caso, fue impactado el grupo delictivo ‘Los Cibers’, que delinquía en Buenaventura. En total fueron judicializadas 9 personas que habrían hurtado cerca de 6.000 millones de pesos. La Fiscalía evidenció que esta red criminal habría contratado hackers obtener mayores resultados en sus delitos.
También se destaca el impacto a ‘Los flacos nueva alianza’ que delinquía en los municipios de Obando y Cartago donde incurría en delitos de microtráfico y homicidios. Seis personas fueron judicializadas por, presuntamente, ser integrantes de esta estructura delincuencial. Así, la Fiscalía identificó a los responsables de ocho homicidios y tres tentativas de homicidio.
Lucha frontal contra estructuras delictivas
Las acciones dirigidas a impactar los grupos ilegales dieron buenos resultados en el año que termina. En total 41 redes de crimen organizado implicadas en delitos como tráfico de estupefacientes, homicidios, hurtos, extorsión y secuestros extorsivos; fueron golpeadas.
Por estos hechos 198 personas fueron judicializadas, a 193 se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. Entre las bandas golpeadas están: ‘Los Chingas’ y ‘Los Financieros’ cuyas acciones ilícitas se cumplían en Tuluá.
Otro de los grupos impactados fue ‘Los Lobos’, quienes se dedicaban a cometer hurtos y asaltos sexuales en Tuluá y San Pedro; produciendo más de 35 víctimas. “En este caso fueron judicializadas ocho personas, todas fueron cobijadas con medida de aseguramiento, lo que representa una efectividad del 100%”, dijo Diana Hernández Sánchez.
Para el 2023, la directora seccional continuará con la priorización de casos relacionados con homicidios; además de impactar estructuras que afectan la seguridad ciudadana en Tuluá y Buenaventura.
También será prioridad la desarticulación de estructuras dedicadas al homicidio y al tráfico de estupefacientes en Ansermanuevo y su zona rural. Además, se continuarán las actividades operativas en San José del Palmar (Chocó) contra el grupo armado organizado residual (Gaor) Che Guevara del ELN.
Esos esfuerzos irán dirigidos además a afectar las redes que con su actuar buscan permear el sector salud. También se reforzarán las acciones en el hurto mediante delitos informáticos e impactar estructuras contra el microtráfico en el centro y norte del Valle del Cauca, especialmente en el municipio de Alcalá.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAP/MAGA/DMHS/DSVC
En 2022 la Fiscalía habló con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004
