Labores investigativas adelantadas por un fiscal especializado ante el Gaula permitieron judicializar a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial Oficina de la Costa Bolívar, a quienes, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, les fueron imputados delitos como tentativa de extorsión, concierto para delinquir y extorsión, las dos últimas conductas agravadas.
Se trata de Flander Víctor Correa, Milton Ariel Guerrero Peralta, alias Corozo; Dadinson Jesús Álvarez Castillo, alias Dadi o Guavino; Yomaira Álvarez Narváez, alias Xiomara; y Edwin Junior Padilla Marimón, quienes no aceptaron su responsabilidad en los delitos imputados.
Los hechos investigados dan cuenta que los procesados, al parecer, desde el 2023 se dedicaban a extorsionar al gremio de comerciantes de Cartagena y del corregimiento de Pasacaballo (Bolívar). Entre las víctimas se encuentran tenderos, propietarios de ferretería, carnicerías, asaderos de pollo y chatarrerías.
Se cree que las exigencias económicas oscilaban entre 1 y 25 millones de pesos, según la productividad del negocio, y se realizaban a través de llamadas telefónicas realizadas desde centros penitenciarios. Las víctimas también recibían mensajes y panfletos, en los que amenazaban con hacerles daño a sus familias, trabajadores o a lanzar explosivos en sus locales en caso de incumplir con los cobros extorsivos.
Los hoy implicados fueron capturados por el Gaula de la Policía Nacional en el corregimiento de Bayunca (Bolívar) y en los barrios El Pozón, San Pedro Mártir y Blas de Leso en Cartagena. Igualmente fue notificado de la misma Flander Correa en la cárcel de Girón (Santander), donde se encuentra recluido por otro proceso.
Por disposición del juez de control de garantías, ‘Corozo’, ‘Dadi’ y Correa, cumplirán las medidas de aseguramiento en centros carcelarios. Entre tanto, Álvarez Narváez y Padilla Marimón enfrentarán su proceso en libertad.
MEVA/LMFO/PD/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
