Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) presentaron ante jueces de control de garantías a dos personas que, en actos de intolerancia, habrían causado que dos perros perdieran uno de sus ojos en Zipaquirá (Cundinamarca) y Neiva (Huila).
‘Peter’ atacado con arma de fuego
El pasado 6 de marzo, en Zipaquirá (Cundinamarca), Pedro Juan Casas Ortegón, al parecer, disparó un arma de fuego contra un perro, llamado ‘Peter’, de propiedad de un vecino.
De acuerdo con el material probatorio, la reacción violenta se ocasionó porque, supuestamente, el canino se comió algunas gallinas. El perro fue trasladado para su atención veterinaria, pero debido a la gravedad de las heridas perdió el ojo izquierdo. El señalado responsable fue imputado por el delito de maltrato animal.
Pinscher golpeada gravemente
‘Juana’, una perra de raza pinscher, habría sido atacada a golpes por Yulieth Carolina Tafur, en hechos ocurridos en el corregimiento El Caguán de Neiva (Huila), el 15 de agosto de 2018.
En la investigación se constató que la mujer, sin explicación alguna, supuestamente agredió al animal y se marchó.
‘Juana’ fue trasladada a una clínica veterinaria para recibir atención; sin embargo, presentó un trauma craneoencefálico que le ocasionó la pérdida de un ojo. En ese sentido, Yulieth Carolina Tafur fue imputada por el delito de maltrato animal.
El fiscal coordinador del grupo Gelma, Alejandro Gaviria, señaló que: “garantizar la vida, bienestar físico y emocional de los animales, evitará que este tipo de violencias escale a otros miembros de la sociedad”.
AMCJ/JARG/MRC/
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
