Tras cumplirse dos días de cierre de la línea férrea por la que rueda el tren cargado con carbón que hace recorrido entre la mina Cerrejón y Puerto Bolívar donde es embarcado a los mercados internacionales, los manifestantes que reclaman el cumplimiento de lo estipulado en Sentencia T 704 de 2016 que ordenó la práctica de la consulta previa con los pueblos impactados por efectos contaminantes ambientales de partículas del mineral, decidieron suspender las vías de hecho para esperar soluciones concertadas.
El desmonte de la protesta que se hacía de manera simultánea en varios sectores de los 150 kilómetros que separan la mina y Puerto Bolívar, un tramo que es apenas menor en cuatro kilómetros comparado con la distancia existente entre Riohacha y Santa Marta por la carretera Troncal del Caribe, se hizo a instancias de la Gobernación de La Guajira, entidad que desplazó a su secretario de Gobierno, Misael Velásquez Granadillo, quien fue clave en el acercamiento de las dos partes que ahora seguirán negociando en unas mesas técnicas habilitadas desde este martes 5 de marzo.
Llegarán funcionarios del Gobierno Nacional
Uno de los logros del grupo que negoció a nombre de los nativos, fue el de comprometer en territorio, la presencia de la Autoridad Nacional de Consulta (Dancp) del ministerio del Interior y el acompañamiento de las instituciones garantes de los derechos humanos de los grupos étnicos, así mismo se acordó por parte de la empresa Cerrejón, respetar el Derecho Fundamental a la manifestación pacífica de las comunidades que se encuentran en asamblea permanente frente a las entradas de la mina de carbón del municipio de Albania y frente a las entradas de la zona de Puerto Bolívar en el extremo norte de la península y en jurisdicción de Uribia.
Cabe destacar que, con este bloqueo de 48 horas, no solo ha perdido mucho dinero el complejo minero Cerrejón, sino los municipios que tienen jurisdicción en la mina, la misma Gobernación y el Gobierno nacional, quienes se benefician de los impuestos sobre la producción del carbón.
Un problema de vieja data
El asunto del probable incumplimiento a lo estipulado en la Sentencia T 704 de 2016 no es nuevo en La Guajira y en otras ocasiones ya ha generado confrontaciones y toma de vías de hecho con el cierre de carreteras y línea férrea, afectando a la trasnacional.
Lo que se espera ahora es que con la participación de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del ministerio del Interior, se logre terminar con estos problemas y en la medida en la que la compañía internacional proceda con los arreglos en la consulta que le debe hacer a cientos de comunidades que han sido afectadas por el paso de día y de noche de las pesadas máquinas y su larga hilera de vagones, que en decir de los nativos cada vez que transita por allí deja su huella de color negro en un costado de la vía y además una cantidad de partículas del mismo material suspendidas en el aire.
