Rechazo en la Comuna 10 de Dosquebradas tras el retiro de las porterías de Bosques de la Acuarela etapas II y III, medida ordenada por una sentencia del Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira a petición de una sola persona.
Alba González Londoño, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal y residente del conjunto Bosques de la Acuarela desde hace 31 años, lidera una denuncia ciudadana que busca poner fin a un conflicto legal de más de una década. Esta problemática involucra a las constructoras encabezadas por Juan Carlos Gaviria y Julián Quintero, responsables de un supuesto incumplimiento relacionado con las áreas comunes del conjunto residencial.
Los hechos
El conflicto comenzó en el año 2000 cuando una persona denunció restricciones de acceso en estas residencias. En 2010, los residentes presentaron una acción popular contra Gaviria y Quintero, argumentando que las constructoras vendieron el conjunto como cerrado, aunque las áreas pertenecen al municipio y deberían ser de acceso público. “Vivimos aquí desde 1993 y no supimos de esto hasta 2019, cuando llegó una notificación de segunda instancia sin posibilidad de apelación”, explicó González Londoño.
La acción legal inicial buscaba que las constructoras adquirieran estas áreas al municipio y las entregaran a la comunidad, algo que, según los residentes, no se ha cumplido. Sin embargo, la jueza del caso falló en contra de la comunidad, ordenando que las puertas del conjunto permanezcan abiertas, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los afectados.
Impacto
Bosques de la Acuarela Etapa 3 alberga 594 casas, mientras que en la Etapa 2 residen cerca de 300 familias. En muchos casos, las viviendas son habitadas por extensiones familiares, lo que incrementa el número de personas afectadas. González recalca que el fallo judicial no solo vulnera la seguridad de los residentes, sino también pone en riesgo la estabilidad laboral de los 16 empleados encargados de la administración y seguridad del conjunto.
“Nosotros hemos pagado puntualmente por los servicios y por mantener una nómina de trabajadores que ahora podría quedarse sin sustento. Esto afecta tanto a las familias como a las personas que dependen de estos empleos,” indica. Además, señala que dejar las puertas abiertas incrementa la vulnerabilidad frente a la delincuencia.
Acciones tomadas y futuras
La comunidad ha respondido con diversas medidas legales y sociales para defender sus derechos. En primer lugar, se presentaron dos tutelas, una ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda y otra ante el Consejo de Estado. Ambas acciones buscan revertir el fallo judicial y permitir que las puertas corredizas permanezcan cerradas, garantizando la seguridad de los residentes.
Adicionalmente, se realizó una reunión en el parque del conjunto, con la participación de un asesor de la Secretaría de Gobierno y una comunera, para recoger firmas que respalden una nueva acción popular. “Estamos invocando el bien común y la seguridad de nuestras familias. Si es necesario, tomaremos medidas más contundentes para exigir nuestros derechos,” afirma González Londoño.
La comunidad también hace un llamado a la unidad para enfrentar esta situación. “Debemos dejar a un lado los egos y trabajar juntos por el bien común. No es justo que la constructora, que nos engañó, no asuma la responsabilidad de sus acciones”, señala la vicepresidenta de la JAC.
Un llamado a las autoridades
La comunidad exige que las autoridades competentes actúen con justicia y prioricen el bienestar de los residentes. “Esperamos que estas instancias escuchen nuestras demandas y obliguen a las constructoras a cumplir con sus obligaciones legales. No podemos permitir que sigan perjudicando a nuestra comunidad «,” concluye.
Ante esto, Johnny Alejandro Ovando Cardona, Secretario de Gobierno de Dosquebradas dice que, «Es importante aclarar que esta no es una decisión de la administración municipal ni del señor alcalde. Esta medida es una orden de un juez en segunda instancia, a raíz de una acción popular presentada por una persona en contra del espacio público en los conjuntos cerrados de Bosques de la Acuarela. En ambas instancias judiciales, se ordenó demoler parte del cerramiento del conjunto. El municipio de Dosquebradas ha buscado varias alternativas legales para no perjudicar a la comunidad”
Además indicó que, “Desde la Secretaría de Gobierno hemos implementado medidas para garantizar la seguridad de la comunidad. Se instalaron dos alarmas comunitarias que pueden ser gestionadas por la comunidad mediante un grupo de WhatsApp de seguridad. Además, el alcalde ordenó la instalación de cámaras de vigilancia, y estamos trabajando articuladamente con la Policía Nacional. Se dieron indicaciones al intendente Ocampo, encargado del CAI de Bosques de la Acuarela, para que lleve un registro de visitas y realice controles permanentes en la zona”.
“Pedimos a la ciudadanía que confíe en las medidas de seguridad que estamos implementando y recuerden que estas acciones buscan cumplir con la ley mientras se garantiza la seguridad de los residentes. Si el alcalde no cumple con esta orden, se expone a sanciones legales, incluida la posibilidad de ir a la cárcel. La medida no implica retirar todo el cerramiento, solo las puertas» concluyó.
Mientras esperan una resolución judicial, los residentes continúan luchando por su seguridad y estabilidad. La organización comunitaria y la movilización social serán clave en los próximos meses para asegurar que las autoridades y las constructoras respondan a sus demandas.
Paso a paso propiedad horizontal en Colombia
– Verificar títulos: Asegurarse de que el inmueble está libre de restricciones.
– Tramitar licencia: Obtener la licencia de urbanismo y construcción.
– Crear el reglamento: Definir normas internas y derechos en un reglamento.
– Registrar escritura: Llevar el reglamento a notaría y registrar en Instrumentos Públicos.
– Formalizar personería jurídica: Inscribir en la Cámara de Comercio.
– Organizar asamblea: Elegir administrador y consejo de administración.
“La propiedad horizontal es una forma de propiedad que combina bienes individuales privados, como apartamentos, y áreas comunes compartidas, como pasillos o jardines, gestionadas por una administración. Esta modalidad se aplica comúnmente en edificios, aunque también puede ser adoptada en proyectos de casas en terrenos más grandes. En Colombia, se rige por la Ley 675 de 2001, y es una decisión voluntaria de los propietarios. Sin embargo, no se puede aplicar a bienes de uso público, como las vías de un barrio, ya que estos no pueden someterse a regímenes privados” dijo Nelson Uribe, Abogado especialista en Derecho Urbano y Planificación Regional.
Opines
“Estamos indignados porque durante más de 30 años hemos sostenido nuestra seguridad y zonas verdes, y ahora, por una demanda de una sola persona, nos quitan las porterías esenciales, es inadmisible y un problema grave de seguridad.” – Ligia del Socorro Acevedo Morales.
“Estamos indignados y vulnerables; exigimos que las autoridades permitan a nuestra comunidad encargarse de su propia seguridad ante la situación crítica que enfrentamos.” – Nubia Salinas, Representante de la Junta Administrativa.
“Nos preocupa profundamente la seguridad; exigimos que nos devuelvan las puertas para proteger a nuestras familias y mantener el orden que siempre hemos sostenido como comunidad.” – Juan Guillermo, habitante del sector.
