Con el fin de dinamizar la economía y mover las ‘locomotoras’ de la infraestructura y el turismo, entre otras sectores que son la columna vertebral del PIB, el Gobierno Nacional contempla presentar un proyecto de inversiones forzosas, que consiste en que un porcentaje mínimo de los ahorros de la gente se destine a créditos que obligatoriamente vayan a ciertos sectores económicos
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Según se conoce, esta figura se haría por medio del sistema financiero privado, la cual sería transitoria por dos años.
“El gobierno alista su paquete de reactivación económica para el 20 de julio basado en un porcentaje de inversión forzosa del ahorro nacional para la industria y la vivienda. Mejorará la situación financiera de los bancos y será transitorio, por dos años”, aseguró a través de su cuenta de X el presidente Petro.
El Jefe de Estado sostiene que la idea es que parte de los capitales de inversión se dirija «hacia el mundo popular, para trabajar en la transformación de las cosas, la industria, en el surco, la agricultura y en el turismo” e insistió en que fortalecer la economía del país ayudará a que los productores y trabajadores puedan abrir la industria, la agricultura y el turismo.
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Sin embargo, la idea no ha sido bien recibida en muchos sectores, pues advierten que podría limitar el acceso al crédito al micro, pequeño, mediano y gran empresario, además de generar mayores impuestos.
«Volver a esta idea de ‘inversiones forzosas’ que el país desarrolló con fuerza en los 60, es una forma de imponer nuevos impuestos al sector productivo y financiero y con ello entorpecer o limitar el acceso al crédito al micro, pequeño, mediano y gran empresario», advierte el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.
Gustavo Petro
Sergio Acero Yate / Portafolio
Por su parte, Camilo Herrera Mora, fundador de la firma Raddar, sostiene que «ante la idea de inversiones forzosas del Presidente, es bueno recordar que la plata que prestan los bancos, no es de los bancos, sino de los ahorradores y se debe cuidar».
Si bien la intermediación financiera facilita la canalización de recursos de los ahorradores hacia quienes necesitan financiar inversiones, para Corficolombiana ya quedó demostrado que enfrenta fallas de mercado debido a las asimetrías de información entre acreedores y deudores, en las que los deudores suelen tener mayor información, lo cual puede llevar a los intermediarios a restringir el crédito.
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“Además, para los pequeños deudores, el alto costo de las transacciones individuales puede elevar considerablemente las tasas de interés de los préstamos. Una medida para abordar estas fallas fue la implementación de la inversión forzosa, que obligaba a los intermediarios a proporcionar ciertos tipos de crédito considerados insuficientes por las autoridades económicas”, agregaron.
De esta forma resaltan que en Colombia, esta práctica ha sido recurrente a lo largo del último siglo y ponen como ejemplo que la Ley 5ª de 1973 requería que los bancos destinaran entre el 15% y el 25% de sus recursos al sector agropecuario o adquirieran títulos emitidos por el Banco de la República.
“A partir de los años noventa, se decidió eliminar gradualmente estas inversiones, aunque se hicieron excepciones para el sector agropecuario y la vivienda de interés social. La obligación de destinar una parte mínima del crédito hipotecario a la vivienda de interés social fue eliminada en 2004 mediante la Ley 546 de 1999. El sector agropecuario fue el único que mantuvo la inversión forzosa, aunque con un subsidio reducido y tasas de inversión, redescuento y préstamo vinculadas al DTF”, dice el reporte.
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Con esto en el radar cerraron señalando que incrementar las inversiones forzosas reduce el margen de intermediación, disminuyendo las utilidades y el potencial de crecimiento de los EC, deteriorando su liquidez y afectando decisiones sobre colocación, inversión y financiamiento, lo cual advirtieron que es preocupante en el contexto actual de ajuste de los establecimientos de crédito.
“Un aumento en las inversiones forzosas podría reducir la participación relativa de la cartera de créditos, afectando especialmente segmentos sensibles como el crédito a la microempresa. Las inversiones forzosas representan deudas para las Sociedades Públicas Financieras (SPF), aumentando la deuda pública, aunque no la del Gobierno Nacional Central (GNC). Un uso excesivo de inversiones forzosas podría deteriorar la calidad crediticia y encarecer la deuda soberana y el costo del capital propio”, dijo Corficolombiana.
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