Investigadores adscrito al Centro de Pensamiento de la Universidad del Norte analizaron los casos de secuestro en el Caribe durante el 2021 concluyeron que estos pueden deberse a la crisis económica como consecuencia de la covid-19.
El análisis es autoría de los investigadores Reynell Badillo Sarmiento, Luis Parra Arrieta y Luis Fernando Trejos Rosero, quienes estudiaron el período enero-abril.
Para los académicos, los cinco secuestros ocurridos en Sucre (2), Atlántico (2), La Guajira (1) y Magdalena (1) están posiblemente ligados a que las estructuras del crimen organizado, especialmente aquellas que solo cuentan con capacidades locales, han visto disminuidos sus ingresos provenientes del cobro de extorsiones «y por concepto de prestación de servicios logísticos para el acopio y exportación de clorhidrato de cocaína».
«Varios de estos grupos son subcontratados por organizaciones con mayor presencia territorial (regional o nacional) y con mas capacidad operativa. Con la disminución de los vuelos internacionales y las interacciones comerciales por vía terrestre, se posibilita un mayor control a la movilidad de mercancías por parte del Estado, lo que termina por limitar la exportación de drogas ilícitas y golpea las finanzas de estas organizaciones ilegales», dicen los investigadores.
Los analistas agregan que las restricciones a la movilidad en diferentes ciudades han generado la pérdida de ganancias para el comercio local y, consecuentemente, menos rentas provenientes de la extorsión.
«Hasta el momento, los secuestros parecen ser selectivos (contra personas con ciertas capacidades económicas para, eventualmente, ofrecer el dinero solicitado para liberarlos) y han sido frustrados por la fuerza publica. Sin embargo, es necesario vigilar la situación, dado que existe un riesgo (aunque todavía no manifiesto) de degradación de la práctica criminal, que puede hacer que organizaciones locales participen de secuestros con objetivos financieros mucho mas pequeños», sostienen.
Por lo anterior, el Centro de Pensamiento recomendó tres acciones particulares a las autoridades y a la ciudadanía, como lo son identificar las razones de los secuestros, dónde suceden, qué perfiles son más propensos para ser víctimas, quiénes están detrás de los mismos y cuál es su motivación.
También sugirió realizar campañas en medios de información dirigidas a personas que pueden ser víctimas de secuestro, «de tal manera que se ‘concienticen’ sobre el riesgo de acuerdo con su perfil».
Por último, recomendó establecer y socializar una ruta institucional de atención a las víctimas y sus familiares en caso de secuestro.
Los dos casos de secuestro en Sucre a los que se refiere la Uninorte son los del médico Fabio Hernández Salom, quien fue asesinado en cautiverio, y Néstor Raúl Támara, administrador de una finca del difunto y liberado poco después.
Por este caso hay casi una decena de capturados que responden ante un juez.
