Al parecer, los representantes de la obra habrían recibido un poco más de $3.000 millones de pesos que no utilizaron en el desarrollo del proyecto.
Por: Vanessa Celis Orozco – @vanee_co
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a los representantes legales de las empresas que integraron el consorcio GIVIS Huilas Ltda, proyecto de construcción y mejoramiento de viviendas de interés social rural en los municipios de Tarqui y Suaza, quienes al parecer estarían involucrados en una presunta apropiación de recursos públicos de la obra.
De acuerdo con el ente acusador, los hoy investigados aparentemente permitieron que los recursos entregados para el desarrollo de la obra no se ejecutaran en debida forma, ya que se apropiaron de los mismos a través de maniobras fraudulentas, tales como permitir que a miembros de una misma familia se les giraran y cobraran los dineros públicos destinados a las soluciones de vivienda.
Los hoy acusados son Diana Paola Cedeño Chicaiza, Jaime Saavedra Perdomo y Adriana Marcela Peña, representantes legales de la Fundación para el Desarrollo de Colombia, Fundecol, la Cooperativa Creer en lo Nuestro y el consorcio GIVIS Huilas, quienes al parecer habrían recibido un poco más de $3.000 millones de pesos dineros no utilizaron en el desarrollo del proyecto, el cual incluía la construcción de 267 viviendas y el mejoramiento en saneamiento básico de otros 22 hogares del sector.
Ante este hecho, el Ministerio Público calificó esta presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, en donde los investigados fueron afectados por dos cargos disciplinarios.
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