La Fiscalía, la Procuraduría y unidades de la Quinta Brigada se desplazaron a la zona para adelantar y coordinar las respectivas investigaciones.
En horas de la mañana del viernes 22 de julio en el sector Angosturas del municipio de California (Santander), murió el campesino y minero Sergio Lizcano por un disparo en el pecho en medio de confrontaciones con el Ejército Nacional, que adelantaba operativos contra la minería ilegal.
De acuerdo con las declaraciones de Jorge Lizcano, un líder de la zona, que recoge W Radio, lo que sucedió fue una tragedia. “Al parecer, un miembro de la fuerza pública acciona el arma contra un minero. Fue en Angosturas, se presentó una tragedia, la fuerza pública arremetió contra unos mineros”.
Mientras que otro habitante del sector explicó, conforme lo citan en la emisora, que: “algunos mineros estaban en protesta, en razón de que estaba militarizada la zona, y en esa protesta, un soldado le dispara a un pequeño minero, acabé de hablar con la alcaldesa, y está preocupada porque que se podría formar una asonada. Estamos tratando de comunicarnos con la Defensoría del Pueblo para que intervenga y dialogue, porque es el Ejército el que tiene el control de la situación, la gente está muy molesta por la muerte de este minero”.
¿Qué dijeron las autoridades?
Desde el Ejército Nacional, el general Omar Esteban Sepúlveda Carvajal, comandante de la Segunda División, explicó qué los hechos se presentaron cuando “nuestros soldados del Batallón de Ingenieros, coronel Francisco José de Caldas, adelantaban operaciones, con el fin de evitar la minería ilegal. Según las primeras informaciones, los soldados fueron rodeados por un grupo de civiles, quienes buscaban impedir las labores de los militares”.
A continuación, el general Sepúlveda añadió que, “en medio de la asonada, el personal civil forcejeó con los militares, y en un intento de quitarles sus fusiles, se desencadenó el fatal hecho”.
Así mismo, confirmó que personal de la Quinta Brigada está realizando las investigaciones correspondientes para determinar cómo se dio esta trágica muerte, para esto el general explicó que una delegación se desplazó al lugar de los hechos “liderada por el comandante de esta unidad y la Fiscalía General de la Nación, con su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para realizar los actos urgentes y verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se presentó”.
A su vez, desde la Gobernación de Santander confirmaron que la Fiscalía, la Procuraduría y el secretario del Interior, John Jaime Ruiz, se desplazaron a la zona para adelantar y coordinar las respectivas investigaciones.
Lizcano, de acuerdo con un informe policial y según los habitantes de la zona, era un pensionado del Ejército que se dedicaba actualmente a la minería artesanal.
Desde la Asociación de Pequeños y Medianos Mineros de la Provincia de Soto Norte, Asomiprosoto, fueron enfáticos en que, “el Ejército Nacional asesinó a Sergio Lizcano”, a quien ponderaron como “una persona intachable, honrada, humilde y trabajadora dedicada a la labor de la pequeña minería que se realiza por más de 400 años en este municipio”.
En el mismo comunicado, en el que además rechazan el asesinato de Lizcano, desde la Asomiprosoto denunciaron que “estos actos ocurren producto de una política minero-energética de criminalización, judicialización, persecución y estigmatización del gobierno de Iván Duque”.
Y recordaron que como organización de pequeños mineros ancestrales, defensores de la vida, de su arraigo, territorio y actividad ancestral, han “instado en varias oportunidades ante los diferentes organismos del Gobierno nacional, para que seamos formalizados como pequeña minería ancestral, donde se ha hecho caso omiso a las peticiones y ante las situaciones de persecución que vivimos” se puede leer en el comunicado.
Así mismo, le exigen a la Fiscalía General de la Nación que adelante la investigación por el homicidio de Lizcano, argumentando que “constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario” por lo que no debe ser la Justicia Penal Militar la que lo investigue, “ya que no está dentro de las funciones del Ejército Nacional asesinar a la población civil”.
