Lo que comenzó como una investigación preliminar por presuntos sobrecostos al interior de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá, actualmente se está convirtiendo en una fuerte polémica en la que nuevos organismos de control están requiriendo a funcionarios de la administración distrital para que entreguen detalles de varios contratos.
Esta historia se remonta a mediados de mayo, cuando la Contraloría de Bogotá reportó el hallazgo de varias irregularidades en el manejo de las finanzas de la UMV, que involucrarían más de $24 mil millones en un contrato de arrendamiento de la sede operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV).
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Según la investigación, esta unidad pagó $31.899 millones en arriendo desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2024, cuando el costo real debió ser de $7.720 millones, lo que generó un millonario detrimento patrimonial. Lo que en un principio debió costar $120 millones mensuales, al final se pagó, a través de un tercero, a $599 millones mensuales.
“Esta diferencia de más del 300% en el costo por metro cuadrado no se justificó, y la Contraloría señala que se ignoraron opciones más económicas en la misma zona que cumplían con los requisitos necesarios (…) también se desconocieron varias opciones de arriendo ofertadas en la misma zona que reunían los requisitos exigidos de área, medio ambientales y de ubicación, entre otros que tenían cánones menores al finalmente seleccionado, sin analizar las condiciones del mercado”, dijo en su momento la Contraloría.
Pesos colombianos
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En ese momento también se expresó la preocupación por otros contratos similares suscritos por el Distrito con la misma empresa involucrada en el caso de la UAERMV, ya que ocho entidades del Distrito han contratado con esta empresa el arrendamiento de 49 inmuebles entre 2020 y 2024, lo que ha llevado a la Contraloría a iniciar un ejercicio de control y vigilancia especial para evaluar las circunstancias y evitar posibles sobrecostos adicionales.
Procuraduría se suma
Cuando se creía que este caso había pasado, nuevos requerimientos, ahora desde la Procuraduría General de la Nación, lo pusieron nuevamente en la agenda informativa, puesto que se requirió a varios funcionarios para que expliquen qué fue lo que pasó y determinar si hay acciones que penalizar.
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“El ente disciplinario verifica las denuncias en diferentes medios de comunicación, en las que se dio a conocer que, al parecer, se desembolsó $31.899 millones para alquilar la sede operativa de la UAERMV en Fontibón; cuando presuntamente, el lugar tiene un costo en el mercado de $7.720 millones”, agregaron.
Este organismo de control agregó que busca esclarecer la ocurrencia de los presuntos hechos y, finalmente confirmar las circunstancias en las que sucedieron para así determinar la existencia o no de falta disciplinaria.
Procuraduría General de la Nación
Hernando Herrera / EL TIEMPO
Así las cosas, mientras se espera conocer las conclusiones de los requerimientos fiscales en los que trabaja la Contraloría de Bogotá, ahora la Unidad de Mantenimiento Vial deberá responder también ante la Procuraduría, puesto que ambos organismos dejaron claro que no permitirán que se pongan en riesgo los recursos de la ciudad.
Estas investigaciones involucran a Javier Ramírez, dueño de Famoc Depanel, una empresa que arrancó vendiendo muebles y actualmente, tras modificar toda su estructura jurídica, se dedica al arriendo de inmuebles a varias entidades del Distrito y el Gobierno Nacional. Esta firma es la propietaria del predio en la localidad de Fontibón que tiene en el ojo del huracán a la UAERMV.
