El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó a su seccional de Cundinamarca que investigue en qué circunstancias se rompió la cadena de custodia de los documentos firmados por el Gobierno Nacional y la empresas farmacéuticas. Consejo de Estado pidió también intervención de la Fiscalía.
El Consejo de Estado, a través de un comunicado de prensa, le pidió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General que inicien investigaciones para identificar a los funcionarios rompieron la cadena de custodia de contratos firmados entre el Gobierno de Iván Duque y las farmacéuticas para adquirir vacunas contra el COVID-19 en Colombia. En las últimas horas, el alto tribunal reconoció que información confidencial sobre contratos fue divulgada tras cargarse al sistema de información judicial.
“Solicito al Consejo Superior de la Judicatura el apoyo y acompañamiento a la oficina de sistemas del Consejo de Estado, para la realización de una auditoría con expertos en seguridad informática que permita conocer la trazabilidad del mencionado proceso y saber en qué momento y en manos de cuál o cuáles funcionarios se rompió la cadena de custodia a la que tales documentos estaban sometidos”, manifestó el Consejo de Estado en un comunicado de prensa.
En el comunicado se informa que el Consejo de Estado también “pidió la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, realicen las investigaciones a las que haya lugar (…)Con ocasión de los hechos presentados en el trámite de la acción de tutela con radicado 110010315000200210331300, en cuyo proceso, se incorporó al sistema de gestión judicial el documento Acuerdo de Fabricación y Suministro entre Pfizer Export BV (PEBV) Y Fiduprevisora S.A”.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de su presidente, el magistrado Julio Sampedro Arrubla, le ordenó a la Seccional de Cundinamarca del organismo que él preside para que investiguen qué sucedió. El error se dio porque el Tribunal de Cundinamarca había ordenado revelar esos documentos, ya que algunos laboratorios interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado, argumentando la confidencialidad de los contratos.
Por lo anterior, el Consejo dijo que cumpliendo un fallo que niega una tutela presentada por la empresa Janssen Cilag S. A., que fue apoyada por las empresas Pfizer y AstraZeneca, “se decretó como prueba el envío de información relevante para la resolución del caso”. Tal fallo fue cargado a la plataforma del sistema de gestión judicial que, de inmediato, pudo ser consultado por cualquiera que accediera a este sitio.
