El material incautado iría destinado al Frente 48, ‘Comandos de Frontera’, que tiene injerencia en el bajo Putumayo.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Deiner Fernando Condo Caviche, alias Flaco; Omaira Villota Caicedo, alias La Vieja; Juan Pablo Melo Burgos, alias Pablo y José Luis Delgado Tabares, alias Negro; señalados de proveer y suministrar material de intendencia al grupo criminal Frente 48, ‘Comandos de Frontera’, que delinque en la zona urbana y rural de Puerto Asís (Putumayo).
Durante las investigaciones se evidenció que alias Negro, sería el cabecilla logístico y económico de esta red de apoyo a organización criminal, que tiene presencia en Puerto Asís y el Valle del Guamuez. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes o insignias de uso privativo de las fuerzas armadas y fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego.
Estas personas fueron capturadas por uniformados de la Policía y el Ejército Nacional mediante cuatro diligencias de registro y allanamiento efectuadas en un inmueble del corregimiento de Santa Ana; además de un establecimiento comercial que sería propiedad de ‘La Vieja’.
Durante los operativos fueron incautados camuflados, botas, cintelas, hamacas, chalecos, camisetas verdes de uso privativo, jarros, cantimploras y toallas. Dichos elementos estarían avaluados en cerca de 20 millones de pesos.
Un juez con función de control de garantías impuso detención domiciliaria a Melo Burgos y Villota Caicedo, quienes aceptaron los cargos. Los demás judicializados fueron dejados en libertad, pero continúan compareciendo al proceso.
WAGG/LMFO/MAGA/CJH/AR/DSP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
