En un segundo hecho fue imputada una persona señalada de atacar con arma blanca a un animal que habitaba en la calle.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de dos hombres que, en hechos distintos, habrían causado graves afectaciones a animales en Bogotá (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).
Maltrato a ‘Tarzán’
El 31 de enero de 2021, un grupo de personas rescató a un perro llamado ‘Tarzán’, que se había escapado de la vivienda de su propietario, Juan Esteban Talero, en el barrio La Estancia, en el sur de Bogotá. El canino tenía rastros de golpes en varias partes del cuerpo, por lo fue trasladado a una fundación para que recibiera atención veterinaria.
El diagnóstico médico indicó que ‘Tarzán’ presentaba desnutrición severa, politraumatismos, conjuntivitis, dermatitis crónica y una fractura. Los especialistas le realizaron varias intervenciones quirúrgica. Finalmente, ante la gravedad de las heridas, le fue amputada una pata.
La Fiscalía imputó al dueño de ‘Tarzán’ el delito de maltrato animal. El cargo no fue aceptado.
Ataque con arma blanca
Por su presunta responsabilidad en el ataque con arma blanca a un perro que habitaba en la calle, la Fiscalía imputó a Edwin Andrés García Castro el delito de maltrato animal agravado. Los hechos investigados ocurrieron el 18 de diciembre de 2018, en Ibagué (Tolima).
García Castro, quien trabajaba en un restaurante, habría atacado al canino en varias ocasiones porque reclamaba comida. El perro sufrió lesiones de consideración en la cabeza, por lo que unidades de la Policía Nacional lo trasladaron al Centro de Atención y Protección Animal (CAPA).
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/AG/GELMA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
