Las rentas ilegales generadas por la minera ilegal alcanzarían los 15.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jorge Alexis García David, presunto cabecilla del grupo ilegal conocido como El Cero, presuntamente responsable de explotar ilegalmente oro en Buriticá (Antioquia).
El procesado, al parecer, aprovechó sus conocimientos como extrabajador de una reconocida empresa minera de la zona, para entregar información privilegiada de la compañía a integrantes de la estructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.
Los datos que habría filtrado el procesado estarían relacionados con trabajos mineros topográficos y vías de ingreso a la mina. Esto, se cree, permitió que integrantes de la red criminal incurrieran en explotación ilícita del mineral.
En el marco de las investigaciones adelantadas contra el grupo ilegal, han sido capturadas cuatro personas, entre quienes están dos comerciantes de oro y dos administradores de canteras ilegales.
Las acciones ilícitas de esta red evidenciaron que ‘El Cero’ generaba más de 15.000 millones de pesos al año por las actividades delictivas a ellos atribuidas, y que el 10 por ciento de estas rentas ilegales eran dirigidas a la estructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.
Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a García David los delitos de explotación Ilícita de yacimiento minero, concierto para delinquir, daño en los Recursos Naturales y Ecocidio; y Contaminación Ambiental por Explotación de Yacimientos Mineros o Hidrocarburos.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia, cargos que no fueron aceptados por el procesado.
LKSC/MAGA/DDA/GAA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
