En el momento de su captura el hombre habría presentado una cédula falsa para evitar que las autoridades lo identificaran.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ever Enrique Faix Díaz, alias El Sobri, presunto responsable de arrollar a tres personas, entre ellas, a un patrullero de la Policía Nacional, en hechos registrados el pasado 13 de enero en Soledad (Atlántico).
Una fiscal seccional le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, lesiones personales culposas, falsedad personal y daño en bien ajeno. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La investigación permitió establecer que inicialmente, alias El Sobri, al parecer, arrolló con un vehículo a un hombre y se dio a la fuga. La comunidad alertó a la Policía del hecho y dos uniformados lograron interceptarlo metros más adelante.
En el momento que le solicitaron que se bajara del automotor, Faix Díaz retrocedió el carro y habría embestido a uno de los policías, quien quedó gravemente herido. Tras el incidente, huyó nuevamente, y atropelló a otra persona.
El imputado fue capturado tras una persecución por parte de patrullas de la Policía Nacional. En el momento de su detención, al parecer, presentó una cédula de ciudadanía falsa y el vehículo que habría sido utilizado en los hechos fue incautado.
El patrullero lesionado fue trasladado a una clínica, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado. Por su parte, los otros dos heridos se encuentran fuera de peligro.
‘El Sobri’ deberá cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel El Bosque de Barranquilla.
SKCR/AMCJ/MC/WFOJ/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
