Los hoy imputados habrían intimidado a las víctimas con armas de fuego y cortopunzantes para despojarlas de sus pertenencias.
La Fiscalía General de la Nación judicializó, en la última semana, a ocho presuntos implicados en hurtos violentos en Cali y Palmira (Valle del Cauca). Estas personas habrían intimidado a las víctimas con armas de fuego y blancas para despojarlas de sus pertenencias.
Dos de los hechos fueron intentos de hurtos y dos de los procesados aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.
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En Cali, uno de los involucrados es Luis Alfredo Mina Caicedo, a quien la Fiscalía le imputó el delito de hurto calificado como presunto responsable del robo a cuatro sucursales de un supermercado de cadena.
Luis Alfredo Mina Caicedo habría hurtado de manera violenta en cuatro sucursales de un supermercado de cadena, en Cali (Valle del Cauca).
Los hechos ocurrieron el pasado 15, 23 y 30 de agosto y el 9 de septiembre, en los barrios Villacolombia y Morichal, el hombre habría intimidado a los empleados para apoderarse de más de 4 millones de pesos y elementos de valor.
Mina Caicedo fue capturado con orden judicial el pasado 25 de septiembre, por personal de la Policía Nacional, en el barrio Ciudad Modelo. El procesado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
En los otros hechos registrados en esta misma ciudad y en Palmira (Valle del Cauca) los procesados fueron imputados por delitos como hurto calificado y tentativa de hurto calificado.
Por decisión de los jueces de control de garantías, siete de los presuntos responsables deben cumplir la medida de aseguramiento en centros carcelarios y uno en detención domiciliaria.
MAP/MIZB/DSC/AMCJ/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
