La Fiscalía General de la Nación judicializó ante un juez de control de garantías, a Jeferson Esney Gil Puerta y a su compañera sentimental Diana Sofía Marín Vasco, por su presunta responsabilidad en exigirle dinero a un hombre, a cambio de devolverle su gato, llamado Garfield.
En ese sentido, un fiscal de la Seccional Medellín le imputó a esta pareja el delito de extorsión simple. El cargo no fue aceptado.
De acuerdo con la investigación, el 7 de septiembre de 2024, en una vivienda de una urbanización en el barrio Robledo de Medellín (Antioquia), desapareció el gato. Su dueño inició la búsqueda por el sector y por redes sociales; sin embargo, no logró ubicarlo.
El pasado 16 de febrero, la víctima se enteró que la hija de una vecina del conjunto tenía al gato, no obstante, se negó a entregarlo. En ese momento, Diana Sofía Marín Vasco, al parecer, le exigió cinco millones de pesos para devolvérselo.
De otra parte, dos días después, Jeferson Esney Gil Puerta, presuntamente, intimidó al propietario del gato, diciendo que él tenía contacto con un grupo delincuencial del sector, y de nuevo le pidió el dinero a cambio de regresar al animal.
Es así como, el pasado 19 de febrero, acordaron la entrega del dinero en la misma urbanización, día en el que la pareja fue capturada por servidores del Gaula de la Policía Nacional. La víctima pudo recuperar a su mascota.
Por estos hechos el despacho judicial impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Gil Puerta, y Marín Vasco fue cobijada con medida no privativa de la libertad, pero continúa vinculada al proceso.
NAMT/HQA/LMFO/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
