Una fiscal especializada de la Dirección Seccional Bolívar judicializó a seis hombres quienes, al parecer, se dedicaban a la extracción ilegal de hidrocarburos en los departamentos de Bolívar y Atlántico. La Fiscalía imputó a los procesados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado; apoderamiento de hidrocarburos, derivados, biocombustibles o mezclas que lo contengan; y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Se trata de Alberto Julio Rada de La Hoz, alias Cheo; Yeison de Jesús Sierra Otero, alias El Sobrino; Manuel Enrique Silvera Barrios, alias Mañe; Jorge Emiro Salgado Pérez, Julio César Mendoza Padilla y Mario Rodríguez Rivaldo.
De acuerdo con la investigación, los ahora implicados, al parecer, se concertaron para afectar la línea del poliducto ubicada entre Cartagena (Bolívar) hasta el municipio de Baranoa (Atlántico). Se cree que mediante la instalación de válvulas ilícitas extraían hidrocarburos que posteriormente guardaban en patios y parqueaderos para su comercialización.
Los hoy implicados fueron capturados durante diligencias de allanamiento y registro realizadas por el CTI y la Policía Nacional en los barrios 11 de noviembre, San José, La Invasión y vereda Cienagueta, de Baranoa.
Cinco de los implicados aceptaron los cargos y por disposición judicial cumplirán la medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Entre tanto, a Rodríguez Rivaldo, se le impuso medida no privativa de la libertad con la obligación de presentarse cuando sea requerido y de mantener buena conducta.
MEVA/LMFO/MAGA/CMM/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
