Atendiendo al compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediatas (URI) de la Seccional Risaralda judicializó a tres hombres, aparentemente implicados en el hurto de varios objetos de valor de una parroquia de Dosquebradas (Risaralda).
Según la investigación, una vez culminada una celebración eucarística del pasado 15 de marzo, al parecer, los investigados ingresaron de manera violenta al despacho parroquial donde habrían golpeado y amenazado con un arma de fuego al sacerdote, a quien le exigieron que entregara los objetos de valor.
Una vez cometido el crimen los posibles responsables huyeron del lugar, uno de ellos tropezó con la reja de la parroquia, posibilitando su retención por parte de la comunidad, mientras arribó la Policía Nacional. Los otros dos hombres fueron detenidos por uniformados de Policía Nacional mientras se movilizaban en un bus intermunicipal.
Se trata de Julián Alexander Morant León, Edwin Alexander Zapata Franco y Juan José Romero Gómez.
La Fiscalía imputó a los investigados como presuntos responsable de los delitos de hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Un juez de control de garantías privó de la libertad en centro carcelario a uno de los investigados, los dos restantes deberán cumplir la medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/CABS/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
